PADRINO Y PATRÓN. ALFONSO XIII Y SUS OFICIALES. (1902-1923)

  por ALBERTO BRU SÁNCHEZ-FORTUN

Resulta muy difícil entender la historia política del primer tercio de nuestro siglo XX, ese primer tercio que culmina en una espantosa guerra civil, si prescindimos del estudio de la historia institucional del cuerpo de oficiales de aquella época.

  Lo que este artículo quiere señalar, es que también resultaría muy difícil dicho estudio, si no atendemos al dato, para nosotros básico, de las relaciones entre el monarca de aquel periodo, Alfonso XIII, y “su” Ejército. Convendría para ello explorar los antecedentes inmediatos.

  Su abuela, Isabel II, tras treinta y cinco años de reinado vividos entre espadones y pronunciamientos, fue derrocada por un golpe de generales, los mismos que de tenientillos habían salvado su trono de las ambiciones carlistas en ardua guerra civil.

  Su padre, Alfonso XII, salvado el interregno del Sexenio Revolucionario vivido en el exilio, pudo reinar aupado al pavés por otro pronunciamiento militar, el de Martínez Campos en Sagunto en los últimos días de diciembre de 1874. Cánovas, mentor de don Alfonso y gran mago político de la nueva época que se abría, quedó consternado: la monarquía restaurada nacía auspiciada por el inevitable brazo militar. La opinión pública no había podido ser oída.

  Para contrarrestar ese pernicioso origen deslegitimador, Cánovas potenció un personaje desaparecido de las tradiciones del país desde los tiempos de Carlos I, y que funcionaba como un verdadero mecanismo de identificación emocional: nos referimos a la figura del “rey soldado”1. Se trataba de hacer del joven rey otro oficial, pero colocado en el pináculo de la jerarquía militar. Dada su doble naturaleza de monarca y de oficial del Ejército, debería ser capaz de establecer una relación de patronazgo paternalista con el resto de sus compañeros oficiales. De este modo, sería posible neutralizar o moderar la influencia y el peso político de los espadones y sus clientelas militares e, incluso, arbitrar los conflictos entre esos grupos. En definitiva, debía forjarse un nuevo espadón; el más fuerte, porque coronaba el vértice jerárquico; el mejor legitimado, porque se sentaba en el trono. Ese espadón sometería a los otros y unificaría las clientelas dispersas en una sola, que englobaría la totalidad de la institución militar. Tras el vistoso uniforme, estaría el cerebro político de Cánovas. Pero ¿Qué ocurriría el día que faltara el cerebro y el vistoso uniforme se quedara solo en la tribuna de los desfiles?.

  El primer paso de Cánovas para revestir de oropeles guerreros a su protegido, todavía un adolescente en el exilio, consistió en hacerlo ingresar en la reputada academia militar de Sandhurst. Cuando llegó el momento de volver a casa, aunque fuera gracias al éxito de su pronunciamiento en Sagunto, se impidió a Martínez Campos entrar triunfalmente en Madrid con dos batallones de la sublevada Brigada Dabán2. Era el joven y recién estrenado rey, quién al frente de las tropas debía ganarse los aplausos del pueblo. Tras esa apoteosis, y a fin de obtener otros laureles bélicos no menos prefabricados, su gallarda apostura fue enviada al norte como jefe nominal del ejército que combatía a los carlistas3, y así rivalizar con la barbada y romántica estampa de otro rey en uniforme: el pretendiente don Carlos VII.

  En la paz, Alfonso XII siguió mostrando predilección por revistas y desfiles; memorizaba ordenanzas; y mandaba traducir la literatura militar extranjera que caía en sus manos. Su círculo íntimo eran oficiales que, a menudo, compartían con él su admiración por el ejército de moda: el alemán. Parece ser que le entusiasmaba ser coronel honorario de uno de sus regimientos de ulanos4.

  Pero la figura del rey soldado tenía su reverso. Si bien amenguaba el brillo de los espadones, convertía a la corona en la representante de los intereses y del prestigio del cuerpo de oficiales. En un choque contra políticos civiles, el Ejército siempre podría contar con el trono como aliado5. La posibilidad de ese choque, improbable siendo nuevo el edificio canovista, se hizo más evidente en el reinado de Alfonso XIII, cuando los cimientos de la Restauración se dislocaban por el desastre colonial y la inoperancia de los partidos del turno.

  En este nuevo y más amenazador contexto, Alfonso niño siguió pasos parecidos a los paternos, bajo la mirada aprobadora de su madre, la regente María Cristina. El peso de lo militar en su primera educación fue decisivo: la mayoría de sus preceptores eran oficiales. Fernández Almagro cita a Sanchiz; Pacheco; Juan Lóriga, teniente coronel y conde del Grove; Miguel González de Castejón, coronel de estado mayor y conde de Aybar; Patricio Aguirre de Tejada, general de la Armada y su director de estudios6, etc. Naturalmente no podía faltar la instrucción militar, impartida por el capitán don Enrique Ruiz Fornells, ocupado en hacer evolucionar con infantil marcialidad por la Casa de Campo o, si el tiempo era desapacible, por alguna de las salas grandes de Palacio al pequeño Alfonso y a  un selecto grupo de ocho o diez muchachitos, hijos de grandes de España7.

  Alguien ha llegado a hablar, con evidente exageración, del verdadero interés del joven rey por el arte militar. Interés suscitado por el trauma que a los doce años le supuso la pérdida colonial y la humillación frente a Estados Unidos8. Andrée Bachoud aventura que la rabia y la desilusión que aquel drama le produjo podrían justificar sus impertinencias con  los ministros, su desprecio por la vida parlamentaria, y su pasión por resucitar nuestras “glorias” militares9. En realidad nunca pasó de ser un play-boy, que confundía la milicia con uno de los muchos deportes que practicaba. En cualquier caso, recordemos que se le consideró capacitado para reinar con sólo dieciséis años, sin más bagaje que su simpatía y una inteligencia superficial, que no pudo ampararse en una formación profunda. En esas condiciones, no resulta extraño que no tuviera muy claros sus límites personales y constitucionales, como alguna clamorosa anécdota nos desvelará más adelante. Sólo su madre, la ex-regente, pudo constituir un freno para él en aquellos primeros años de su reinado.

  Desde luego, lo que resultó inequívoco fue su gusto por retratarse de uniforme10; por las coronelías honorarias –ocho de distintos ejércitos extranjeros11-; por paradas y revistas; por el trato más que asiduo con un cortejo de oficiales de confianza. En el fondo, el espejo en el que le hubiera gustado mirarse era el del Kaiser Guillermo II. Ambos eran caprichosos y autoritarios. Ambos gustaban de condecoraciones y empenachados uniformes; de rodearse de una nube obsequiosa de marciales edecanes. Los dos, en cuanto pudieron, se sacudieron la tutela de algún gran estadista – Guillermo la de Bismarck, Alfonso la de Maura, por ejemplo- para así disponer a su antojo de un país al que querían poderoso, pero sin permitirle verdadera vida democrática, y de un ejército que Alfonso hubiera querido que fuese como el alemán, al que admiró siempre más allá de su derrota12.

  Pero el rey soldado debía buscar su acomodo entre las otras instancias del Estado. Ese marco regulador lo proporcionó la Constitución de 1876, vigente hasta 1923. La interpretación provechosa de sus ambigüedades propició el choque cotidiano de los intereses contrapuestos de unos y de otros. Pues, si bien podía ser considerada liberal, no era resueltamente democrática: se basaba en la difícil conciliación entre el derecho divino y la soberanía nacional, malabarismo caro al pensamiento moderantista, que engendró la anterior Constitución de 1845. Sólo en este sentido puede entenderse el chocante artículo 18: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”; que los ministros fueran responsables ante las Cortes (artículo 45.3), pero que fuera el monarca quien los nombrara y los separara libremente (artículo 54.9); que así mismo dispusiera del derecho a negar la sanción de una ley aprobada por las Cortes (artículo 44), pero que no lo ejercitara nunca, etc13.

  En su calculada ambigüedad14, la Constitución de 1876 debía permitir una práctica política en la que cupieran todas las formaciones que acataban la nueva monarquía. Esa ambivalencia, esa necesidad de dotar al articulado de un desarrollo práctico más inspiradamente democrático, hizo del texto constitucional un marco político inadecuado y claramente insuficiente para reprimir a Alfonso XIII en sus veleidades intervencionistas, políticas y militares, en una coyuntura de profunda crisis tras el trauma colonial del noventa y ocho.

  Apreciaremos esa “calculada ambigüedad”, esa tensión entre lo que el texto dice y lo que con el texto puede llegar a hacerse, si repasamos los principales preceptos que aluden a las atribuciones del rey con respecto a las fuerzas armadas en la Constitución de 1876:

  Se empieza encomendando al monarca la defensa del orden público interior y la seguridad del Estado en el exterior (artículo 50). Para ello detenta el mando supremo del Ejército y de la Armada, disponiendo de las fuerzas de mar y tierra (artículo 52); y, con arreglo a las leyes, concede los grados, ascensos y recompensas militares (artículo 53), lo que le otorga un muy apreciable poder en la ordenación de la estructura burocrática del cuerpo de oficiales. Tampoco se le regatea declarar la guerra y hacer la paz (artículo 54.4), ni proponer anualmente a las Cortes la fuerza militar permanente de mar y tierra (artículo 88).

  Toda esta panoplia de competencias, en modo alguno desdeñables, queda regulada o contrapesada por el artículo 49: “Son responsables los ministros. Ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un ministro, que por sólo este hecho se hace responsable.”. Como veremos, el pequeño gran problema estribó en el continuo estira y afloja entre el rey y sus ministros. El primero no hubo de llevar casi nunca la peor parte.

   A ello añadamos el hecho de que era el rey quien, como hemos visto, los nombraba y separaba libremente, en particular al del ramo de la Guerra, cuestión esta última que trataremos después con más detenimiento.  No nos será posible, por tanto,  suscribir el optimismo constitucional, a todas luces forzado, de que hace gala Romanones, varias veces presidente del Consejo,  en su obra “El Ejército y la política”. Sin embargo, ese optimismo oficial deja paso en la página 84 a esta reveladora confidencia: “El ambiente militar que rodea a la realeza, la influencia de los arrastres atávicos, el predominio mismo de la educación militar hacen penosa la práctica de estos preceptos constitucionales”. Y, más adelante, “El haberse roto el fetichismo que impedía poner al frente del ministerio de la Guerra a un hombre civil contribuirá seguramente a que en la mecánica constitucional no haya diferencia entre el despacho de los asuntos militares y el que corresponda a los de los otros departamentos ministeriales.”15

  Curiosamente es el propio Romanones quien nos proporciona una anécdota que ilustra a la perfección la ignorancia del joven monarca sobre sus límites constitucionales. Según testimonio del conde16, Alfonso se emperra en presidir su  primer consejo de ministros el mismo día en que jura la Constitución, un 17 de mayo de 1902, al cumplir con dieciséis años su mayor edad. Le da gusto el viejo y achacoso Sagasta, y el primero en recibir resultó Weyler, ministro de la Guerra, por haber decretado el cierre de las academias militares, medida muy necesaria, pues tras el desastre de ultramar sobraban en los escalafones miles de oficiales, subalternos sobre todo. Pero el joven patrón quiere asegurarse la lealtad de los padres abriendo las academias, es decir la profesión, a los hijos.

  Luego de esta primera refriega, el pequeño rey anuncia que se reserva en exclusividad el ejercicio del caso octavo del artículo cincuenta y cuatro de la recién jurada Constitución, referido a la concesión de empleos civiles, honores y distinciones. De entre la consternación general surgen las palabras del duque de Veragua, recordando al monarca la necesidad del refrendo ministerial, recogida en el famoso artículo 49, para dar validez a las decisiones regias.

  Existe, sin embargo, otra versión de este mismo incidente publicada por Manuel Azaña17, que sigue el testimonio de Miguel Villanueva, en la que el artículo invocado por Alfonso es el cincuenta y tres: el rey concede los grados, ascensos y recompensas militares.

  Sea cual fuere la mas ajustada a la verdad, lo que denotan ambas versiones es el inicio de la pugna entre la corona y la clase política, mediante dos lecturas contrapuestas del mismo texto constitucional. Y, lo que resulta más importante para nosotros, uno de los puntos en litigio es el control sobre el Ejército. Se ha insinuado también que en la raíz de este nuevo y decidido intervencionismo del trono se encuentra la  reacción palatina, tal vez capitaneada por la propia madre del rey, que intenta recuperar supuestos privilegios de la corona usurpados por los hombres políticos, ésos que fracasaron en el 98 pero supieron aprovecharse, supuestamente también, de la debilidad de la institución monárquica, encarnada en una desvalida mujer, durante el periodo de la Regencia18.

  Por lo tanto, si no quiere ser “un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera”19, Alfonso debía reocupar el Estado y, por tanto, hacer suyo el Ejército. Es por eso que en la alocución dirigida a los “soldados y marinos”, y firmada el mismo día de su mayoría de edad, lo que intenta, desde la figura del rey soldado, es patrimonializar la institución castrense, porque resulta ser la verdadera palanca de mando del Estado: “Al tomar por mi mismo el mando de los ejércitos de mar y tierra, con arreglo a la ley fundamental de la monarquía, me apresuro a cumplir un deber muy grato para mi corazón. Como rey, como general, como español y como soldado yo saludo en vosotros a los representantes de nuestras glorias militares y de nuestra grandeza nacional ... Dichoso el soberano que ve en vosotros el apoyo más firme del orden social, el cimiento más seguro de la paz pública, el defensor más resuelto de las instituciones, la base más sólida del bienestar y de la felicidad de la patria.”20. Ahora sí que nos queda claro de quién es el Ejército y para que sirve poseerlo. 

  Recordemos, además, que la Constitución de 1876 desarrolló sus aspectos militares a través de la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 y, en menor medida, de la Ley Adicional de 19 de julio de 1889, hija malograda de lo que debieron haber sido las reformas del general Cassola. En el primero de esos textos, sobre todo, el monarca aparece casi como el “Jefe de Personal” de la empresa, a tenor de lo dispuesto  en sus artículos 6 y 3021; y el ministro, por mor  del artículo 15, como su secretario ejecutivo22. En la de 1889 se da una pequeña vuelta de tuerca más, a través de su artículo 2, en el proceso de patrimonialización de la institución militar, y el gobierno responsable de turno ya no comparte con el rey la organización del Ejército, como todavía indicaba el artículo 26 de la ley de 1878, sino que resulta ser un mero instrumento del monarca en ese cometido23

 Aunque nuestra sensibilidad actual detecte profundos déficits democráticos en estos textos legales, lo cierto es que para determinados tratadistas, civiles o militares, de aquella época y de aquel ambiente podían aparecer como insuficientes o tímidos preservadores de las regias prerrogativas. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Peyra Anglada, maurista que en la crisis juntera de 1917 fracasó en los intentos de mediación entre su admirado don Antonio y la guarnición barcelonesa24. Don Gustavo no se recató en publicar en 1905 un libro en el que abogaba por que fuera el rey quien nombrara directamente al ministro de la Guerra y al Jefe del Estado Mayor Central, sin que los presidentes del Consejo, siempre transitorios, pudieran inmiscuirse en facultad regia tan privativa. En aquellas páginas, intentaba, en realidad, que el Ejército y el rey conformaran una estructura autónoma a salvo, recelosa y vigilante del debate político cotidiano, ya que “el militar debe sólo fidelidad y obediencia al Rey, supremo jefe del ejército y también suprema representación de la patria.”25.

  Naturalmente, las elucubraciones de Peyra, que podían ser suscritas sin vacilación por una parte importante de la opinión de derechas del país, hubieran sido gratas a los oídos del joven monarca y sus palatinos. Eran el producto del “lado oscuro” de la Restauración. El desconfiado moderantismo del edificio constitucional de Canovas prefería que el régimen liberal estuviera siempre tutelado por el rey y el Ejército, cabeza y cuerpo de un único organismo que se mantenía aparte y por encima del resto del Estado. En vida del viejo político la normal aplicación del artículo 49 permitió la apariencia de un poder civil. Luego, la crisis social e institucional con la que abrimos el nuevo siglo hizo de aquel famoso artículo un campo de batalla cotidiano, impidiendo la aparición de prácticas políticas correctoras del anacrónico desafuero de mantener a la sociedad civil vigilada por un Ejército propiedad de su rey. En el sálvese quien pueda de aquella crisis post noventa y ocho, cada día más profunda, la miopía de un monarca listo, pero desprovisto de una inteligencia y de una preparación política profundas, le hizo aferrarse a lo que parecía la carta más segura: el as de espadas. A fin de cuentas era ese as quien había restaurado el trono.

  Hasta aquí hemos hablado de la figura del rey soldado y del ordenamiento constitucional de la Restauración, pronto inmersos y sacudidos por el desastre colonial; la atomización e inoperancia de los partidos dinásticos; la aparición de los nacionalismos periféricos y del nuevo movimiento obrero. También hemos apuntado que, en el marco de esa profunda crisis iniciada con el siglo, se disparó el intervencionismo de la corona en el ámbito militar. Se trataría ahora de ver cómo se produjo ese intervencionismo y qué consecuencias tuvo para el futuro del régimen y en la vida de la institución castrense, dos problemas bastante más relacionados de lo que podría parecer.

  Una primera cuestión se centraría en la mayor o menor influencia del monarca en el nombramiento de los ministros de la Guerra. Según las reflexiones de Peyra, la constitución política no permitía al rey nombrarlos, aunque hubiera sido lo deseable para conferirles una inamovilidad que les alejara de las lealtades estrechamente políticas. En cambio un historiador solvente como Melchor Fernández Almagro, contemporáneo de los hechos y al que no se puede acusar de izquierdista prorrepublicano, habla sin pudor de la costumbre de que el rey incorporara a la lista del nuevo gobierno el nombre del ministro de la Guerra que considerara oportuno26. Cardona matiza más y señala que fue el general Marcelo de Azcárraga, en su gobierno puente de 1904-1905, quien “consagró la costumbre de que el rey facilitara el nombre de los futuros ministros militares, elegidos entre los generales y almirantes próximos al partido que formaba gobierno”27.

  Pero el resto de los historiadores de peso, Seco Serrano, Boyd, Payne, etc, no se pronuncian categóricamente. Tampoco nosotros tenemos pruebas contundentes en ningún sentido, pero resaltaríamos la escasa significación política, que no fuera estrictamente palatina, de ministros de la Guerra como Vicente de Martítegui y Pérez de Santa María, ministro en 1903 y 1905, o César Villar y Villate, ministro en 1904. Tal vez pueda resultar más iluminadora la carta de 12 de julio de 1906 que el general Marcelo Azcárraga envía a don Antonio Maura, relatándole los esfuerzos del general López Domínguez para cubrir la cartera de Guerra en el nuevo gobierno que ha de presidir. Tras descartarse él mismo por su edad y achaques, y negarse Martítegui por no estar de acuerdo con la libertad de cultos como punto del programa de gobierno: “En vista de esta negativa llevó al rey dos candidatos, que no aceptó: el uno era el General Ochando, y el otro, no se ha dicho, aunque se supone, agregándole el rey que no todos los Generales eran aptos para desempeñar ese Ministerio, y que le rogaba se encargase de él.”28 Ni que decir tiene que López Domínguez hubo de olvidar sus achaques y obedecer la regia indicación.

  Sin embargo, de lo que no queda ninguna duda es de la intromisión constante de la corona en la designación de los altos cargos de la cúpula militar: en septiembre de 1902, por ejemplo, Weyler, a la sazón ministro de la Guerra, no consiguió la firma del rey niño en sendos decretos: uno para destituir al general Pacheco, Comandante general de Alabarderos; el otro para ascender a teniente general al divisionario González Parrado. El ascenso se lo llevó Martítegui, que había servido en el Cuarto Militar29 de la Reina Regente.

  Mas grave todavía resultó la batalla abierta a fines de 1904 entre el rey y Maura, entonces presidente del Consejo, para cubrir la jefatura del recién creado Estado Mayor Central del Ejército30. El candidato del ministro de la Guerra, Arsenio Linares y, por tanto, del gobierno, era el general Loño. Pero el rey tenía otro: el general Polavieja, llamado “el general cristiano”, antiguo favorito político de la reina madre y que desempeñaba en ese momento la jefatura del Cuarto Militar de su hijo. El pulso duró semanas y al final Maura tuvo que dimitir en solidaridad con su desairado ministro. Ni siquiera se guardaron las formas: “Yo no soy un presidente dimisionario,- me conviene que se sepa -, sino un presidente relevado”31. Lo que en absoluto pareció importar al joven rey, más atento entonces a crearse una clientela de incondicionales a través de la provisión de los altos destinos de la milicia.

  En estos primeros lances podemos apreciar la creciente importancia política de la Casa o Cuarto Militar del rey, que se nos aparece como una estructura tentacular al servicio directo de la corona sin sujeción alguna al gobierno. Su jefe, un teniente general como mínimo, era también  el Comandante general del Real Cuerpo de Alabarderos, los guardias de palacio. Dentro de la corte controlaba el acceso de los militares al rey32. Esta jefatura sirvió a menudo para alejar por una temporada del primer plano de la escena a los generales favoritos “quemados” en el servicio del monarca. Fue el caso de Joaquín Milans del Bosch en 1920, José Cavalcanti en 1924 y Dámaso Berenguer en 1926. A las órdenes del jefe de la Casa Militar se contaban tres generales, en funciones de ayudantes de campo, y siete jefes, en funciones de ayudantes de órdenes, además de un número indeterminado de oficiales honorarios que realizaban tareas puntuales. Por estas ayudantías pasaron nombres célebres de la milicia, por ejemplo: Manuel Fernández Silvestre, ayudante de campo de 1915, o Severiano Martínez Anido, ayudante de órdenes en 1910. Una distinción menor consistía en ser nombrado gentilhombre de cámara, como lo fue el mismo Franco en 1923, título puramente honorífico pensado para oficiales de humilde cuna que habían llamado positivamente la atención real. No hace falta insistir en que la envidia y el resentimiento presidían las relaciones entre la masa de mesócratas uniformados y la reducida y elitista fracción palatina del Ejército.

  En el primer trimestre de 1905 es tal la debilidad de los efímeros gobiernos, -ministerio puente de Azcárraga, derribado por la salida de los dos ministros militares, seguramente tras indicación regia; posterior gobierno Villaverde-, que a nadie se le escapa que el árbitro de la situación es el rey y el supuesto partido en el que se apoya: el Ejército. El 23 de mayo “La Correspondencia Militar”, periódico asiduo de las salas de banderas, publica un desmentido tan característico como éste: “Se dice que hay entre la Corona y el Ejército inteligencias para que por medio de un golpe de Estado quede efectivo y práctico el gobierno personal del rey ... No, no hay nada de eso; ni el rey, ni el Ejército han caído en la abyección ni perdieron el sentido”33.

  Pero esa buena sintonía está establecida entre el rey y la red clientelar de militares ligados a palacio, no exactamente con el conjunto del cuerpo de oficiales. Eso quedó evidenciado por su crispada reacción tras los asaltos a las redacciones del Cu-Cut y La Veu de Catalunya, acaecidos el 25 de noviembre de ese mismo año, en la siempre efervescente Barcelona. Como ya sabemos, luego de los lamentables sucesos, provocados por un chiste inocente aparecido en las páginas de la primera de las publicaciones mencionadas, la guarnición de la ciudad condal no pudo ser reducida a obediencia por su capitán general, Delgado Zulueta, que, sabiamente, acabó pasándose a sus filas. Otro capitán general, Luque en Sevilla, envió un telegrama de aliento a los insubordinados. La indisciplina cundía en provincias y, sobre todo, en Madrid, en cuyo Círculo Militar van a discutirse unas bases reivindicativas para elevarlas directamente al rey34. El gobierno de Montero Rios se debate en la impotencia. El propio ministro de la Guerra, el sufrido Weyler, no se atreve a exigir las dimisiones oportunas en Sevilla, Madrid y Barcelona, por que sabe que el rey no cuenta con sus ministros para desactivar la protesta. Al contrario, Alfonso moviliza a sus militares palatinos para neutralizar a la masa levantisca de oficiales, prescindiendo del concurso de los hombres de levita. Es la hora del general Bascarán y Federic, segundo jefe del Cuarto Militar del rey, recorriendo apaciguador los cuarteles de la capital; del teniente coronel Villalba, a la sazón ayudante del omnipresente y cortesano Polavieja, quien consigue que se disuelva la asamblea del Círculo Militar, garantizando que el monarca  reconducirá la situación en el sentido exigido  por los airados oficiales, compromiso confirmado, a su vez, por el propio gobernador militar  de la plaza general Echagüe y Méndez Vigo. Da la casualidad de que ambos, Villalba Riquelme y Echagüe, llegarían a ministros de la Guerra, en 1919 y 1913 respectivamente. Por fin, para tranquilidad de cualquier nerviosismo uniformado, “La Correspondencia Militar”, con fecha 29 de noviembre, publicaba un suelto demoledor para las veleidades civilistas titulado “decisión regia”: “A las tres de la tarde se comunicó a los cuarteles, por conducto de individuos de la comisión, presentes en el Centro del Ejército y la Armada, que S.M. el rey había convocado a sus ministros a fin de celebrar un Consejo, con objeto de manifestarles que había esperado cuarenta y ocho horas creyendo que el gobierno y el Parlamento defenderían la causa del Ejército y la Patria, y que en vista de que no lo habían hecho, que está decidido ha obligarlo a hacer, en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución.”35. El reencuentro del monarca con la gran familia militar exigía, pues, como primera providencia, la dimisión en pleno del gobierno, lo que Montero Rios se apresuró a verificar y nunca más pudo volver a la presidencia del Consejo.

  Todo terminaría con la aprobación al año siguiente de la famosa Ley de Jurisdicciones que consagraba la supremacía del fuero militar en los supuestos delitos de prensa y opinión, cometidos por civiles,  contra el Ejército y la patria. Mientras se perpetraba este a todas luces atentado contra la libertad de expresión, la buena marcha del trámite político quedaba garantizada por una combinación de mandos que situaba al revoltoso y republicanizante Luque y Coca como ministro de la Guerra, en pago tal vez por su vibrante telegrama, y a tres incondicionales de palacio: Villar y Villate, Martítegui y Delgado Zulueta en las conflictivas capitanías de Madrid, Barcelona y Sevilla, respectivamente.

  Pero el susto se lo habían llevado todos: el gobierno, que quedó desamparado; los generales, sólo preocupados por su medro, que debieron maniobrar con rapidez para ponerse al frente de los descontentos y no quedar marginados; y el rey, entre asustado y conciliador, que estuvo a punto de ver desbordado su paternal liderazgo. Porque lo que conviene resaltar de este episodio es que, por vez primera, la mesocracia de uniforme irrumpe en el primer plano de la vida política. Con toda claridad, estos modestos oficiales, de baja graduación, escaso sueldo y corta carrera superarán el nivel de la simple algarada y mejorarán su capacidad de organización y propuesta. En este sentido, resulta ser un antecedente meridiano del movimiento juntero de 1917.

  Sin embargo, Alfonso desaprovechó la oportunidad de darse cuenta que el partido militar que pretendía liderar no se componía únicamente de la élite formada por su círculo de favoritos, sino, sobre todo, de una amplia masa de clase media baja, profesionalmente frustrada y estrecha de miras, en la que desgraciadamente descansaba, nada menos, que el orden público y la defensa del régimen. Como tampoco dispuso nunca de los recursos necesarios para darles a todos, y eran demasiados, el salario y la carrera a los que creían tener derecho, las Juntas de Defensa harán su devastadora aparición casi doce años después, y el caótico partido militar terminó devorándolo todo, incluso a su rey.

   En esos doce años fue la aventura africana la que terminó por desquiciar el cuerpo de oficiales. Ya hemos hablado de Alfonso como un niño marcado para siempre por la humillación del desastre colonial, pero sus ansias de regeneración patriótica se vehicularon a través de ensoñaciones imperiales, como la fundación de una monarquía ibérica que exigiría la anexión de la república portuguesa36.Pero, si bien este descabellado proyecto no pasó nunca de los sondeos previos a las cancillerías de París y Londres, la posibilidad de establecer un protectorado casi exclusivamente militar en el norte del sultanato marroquí, terminó convirtiéndose en una sangrienta realidad.

  Desde 1909, en que se inicia la campaña de Melilla, hasta 1927 en que, tras el desembarco de Alhucemas, se liquidan las últimas bolsas de resistencia rifeña, aquel ejército, vapuleado en Cuba y Filipinas, más que sobrado de cuadros de mando, pero falto de material, de moral e instrucción, no hizo más que arrastrarse sobre aquella achicharrada tierra entre peñascos y aduares, entre sustos y a veces catástrofes, como la de Annual en 1921, ante la impotencia de los gobiernos, la indiferencia a veces de la sociedad, pero el dolor y la indignación, casi siempre, de los soldaditos y sus familias.

  La sangría que supuso el establecimiento del protectorado marroquí es achacable casi en exclusiva al rey y a su Ejército. Aquellas montañas fueron el coto privado de ambos, y sirvieron para que el monarca acreciera su poder e influencia a través del control de la diplomacia y el refuerzo de sus lazos privilegiados con el sector más ambicioso del cuerpo de oficiales37. Las operaciones militares, antes del desastre de 1921,  no se planificaban desde el gobierno, sino que solían ser el fruto de la inspiración del que en ese momento fuera el general favorito del rey, o, en ocasiones, de la simple y llana indicación regia. Tal parece ser el caso de Marina Vega y García Aldave, que disfrutaron de una excesiva autonomía en los tres primeros años de guerra38, y es el caso del bizarro Fernández Silvestre y sus tormentosas relaciones con el Raisuni39.

  Pero para que Alfonso XIII pudiera ser llamado “El Africano”40, su ejército debió someterse a una doble tensión. La primera, derivada de la represión del descontento civil provocado por la nueva guerra colonial, le aislará de la mayor parte de los sectores sociales del país. Las consecuencias represivas de la Semana Trágica le echarán en brazos de la derecha dura del régimen, encarnada en ese momento por el maurismo. Cuando en abril de 1911 republicanos, socialistas y reformistas intenten la revisión del proceso Ferrer, incluso la derogación de la Ley de Jurisdicciones, el ruido de sables será perfectamente audible desde los escaños parlamentarios, y el gobierno liberal de Canalejas habrá de votar con los conservadores para conjurar el enfado militar.

  La segunda tensión,  consecuencia de los ascensos por méritos de guerra, pondrá patas arriba la unidad interna del cuerpo de oficiales. Desde 1898, en que se produjeron los últimos, los pequeños burócratas de uniforme habían esperado largos años en los hipertrofiados escalafones, con entristecida conformidad, a que les correspondiera el ansiado ascenso al empleo superior inmediato. Cuando a fines de 1909 se abrió la veda, una verdadera catarata de ascensos y recompensas anegó la aletargada comunidad militar41. Casi de inmediato renació el temor a conocidas enfermedades de siempre como el favoritismo y el enchufismo y, aunque primero se acusó de su propagación al generalato más influyente en los medios ministeriales y palatinos, resultaba imposible que no se terminara poniendo en el punto de mira al mismo rey, dispensador generoso de ascensos y honores, según proclamaba el artículo 53 de la Constitución.

  Haciéndose eco de los temores de la oficialidad, “La Correspondencia Militar”, periódico contrario al general Luque, ministro promotor de aquel diluvio de ascensos y recompensas, puso en marcha una campaña para revisarlas y, denunciando casos de favor,  pidió la escala cerrada para la caballería y la infantería, que no la disfrutaban. El 12 de enero de 1910, unos cuatrocientos oficiales de ambas armas se manifestaron ante la redacción de aquel periódico agradeciendo sus esfuerzos. Ese acto de indisciplina obligó al gobierno a relevar al capitán general de Madrid, Villar y Villate, y a dos coroneles con mando de regimiento en esa guarnición. También fueron enviados bajo arresto a diferentes castillos los comandantes Julio Amado, director de “ La Correspondencia Militar”; Gonzalo Queipo de llano, “Santiago Vallisoletano” para sus lectores; y Pignatelli de Aragón, al que de nada le sirvió la inmunidad que le proporcionaba su acta de diputado. Como siempre en estos casos, también se cerró el Circulo Militar42. Pero la agitación no se calmó. El viernes 14, ante el temor de que las protestas de los oficiales se reprodujeran, y esta vez delante del edificio de Presidencia, el rey se planteó dar marcha atrás en el tema de las recompensas. El ministro de Fomento, Rafael Gasset, hubo de convencerle de que sería contraproducente revisarlas bajo la presión de los sables43. No fue la última vez que el real ánimo flaqueó impresionado por el vaivén de los acontecimientos.

  Aquel mismo año Julio Amado fue elegido diputado como “monárquico independiente” para iniciar una campaña a favor de la escala cerrada, es decir, de los ascensos por estricta antigüedad sin defectos. En diciembre de 1912 expuso en El Congreso una encuesta realizada entre los oficiales de las armas generales, en la que se mostraban abiertamente opuestos a los ascensos por méritos44, al tiempo que su influyente periódico continuaba denunciando favoritismos e influencias en el sistema de promoción. El 18 de marzo de 1913 el movimiento alcanza tal amplitud que deben ser clausurados el club de oficiales de Madrid y el Centro del Ejército y la Armada45.

  La consecuencia más evidente de aquellas recompensas coloniales de justicia más o menos acreditada fue destacar un selecto grupo de oficiales jóvenes y audaces, los “africanistas” de la generación de 1915, que pulverizaron los escalafones por donde deberían haber transitado con la exasperante lentitud de la mayoría de sus compañeros de guarnición en la península.46. Africanistas y peninsulares: una división que tendría enormes consecuencias en el futuro.

   Pero, aunque la unidad corporativa del Ejército quedó muy seriamente afectada por las tensiones que las chapuzas bélicas africanas inflingieron a su sistema de promoción y carrera, El monarca ni se dio por aludido, ni emprendió ningún estudio del problema. No se percató de que sólo era cuestión de tiempo que el descontento funcionarial le señalase como el gran patrocinador de la red de favoritismos en que se había convertido la vida militar.

  Mientras tanto vivía en el cenit de su poder e influencia., llegando al punto de no considerar necesario ocultarse por más tiempo. El 15 de enero de 1914 el entonces ministro de la Guerra Ramón Echagüe y Méndez Vigo, conde del Serrallo y grande de España, lealísimo servidor de S.M., publicaba una Real Orden en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra en la que se reconocía como habitual, y se consagraba como buena, la constante intromisión del rey en los asuntos de personal del mundo castrense, al tiempo que se establecía comunicación directa entre el trono y sus oficiales a espaldas del ministerio y del gobierno47. He aquí el sabroso texto: “Excmo. Sr.: El rey (q.D.g.), impulsado por su interés y amor hacia el Ejército, y como Jefe supremo del mismo, interviene directa y constantemente en cuanto se relaciona con las tropas, así como en la concesión de mandos y ascensos, demostrando especial complacencia en estimular al que contrae relevantes méritos y presta servicios que contribuyen al engrandecimiento y prosperidad de la Patria. Con este motivo y en determinadas ocasiones, nuestro Augusto Soberano se digna honrar a los generales, jefes y oficiales, dirigiéndose a ellos directamente por carta o telegrama para hacerles manifestación de su aprecio; y con objeto de que los favorecidos con tan alta distinción puedan corresponder seguidamente en igual forma, es la voluntad de S.M. que a los dichos generales, jefes y oficiales, en este caso concreto, se les autorice para contestarle también directamente sin intervención de persona alguna. De R.O. lo digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 14 de enero de 1914.- Echagüe.”48 Afortunadamente la opinión pública no estaba del todo muerta, y alguna polvareda levantó esta Real Orden en la prensa civil, pues tanto “El Diario Universal”, como “El Socialista” la tacharon de inconstitucional49.

  Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Los mesócratas de uniforme, castigados por la saturación de los escalafones, las recompensas africanas y la inanidad de los salarios provocada por la inflación que trajo la Gran Guerra, terminaron cuajando un movimiento corporativo seudosindical, Las Juntas de Defensa, que casi vuela por los aires el andamiaje de la Restauración. No se trata en estas pocas líneas de hacer un relato exhaustivo del nacimiento y la muerte de estos organismos, sino de intentar analizar la relación que el monarca mantuvo con ellas.

  Las Juntas de Defensa representan en el fondo la necesidad funcionarial de salario, promoción y carrera. Pero no puede haber funcionario satisfecho si el estado carece de recursos que hagan posible la satisfacción de esas necesidades. La hueca adulación, el regio paternalismo, que únicamente supo crear clientelas de favor y no verdadera carrera, no sólo no podían sustituir las insuficiencias de un estado exangüe, sino que terminaban hiriendo de muerte     la unidad y estabilidad interna del propio cuerpo de oficiales, y hacían más imposible todavía su tranquila integración funcionarial en un hipotético estado moderno. En este sentido, la aparición de las Juntas de Defensa denuncia el estrepitoso fracaso de la mezquina política militar del rey, y de los políticos de la Restauración que no supieron crear la suya propia arrebatándola de las reales manos.

  Caben pocas dudas sobre el hecho de que el monarca estuvo al corriente de la existencia de las Juntas desde sus primeros pasos50.. Si diéramos valor al testimonio de Romanones, el rey fue el primero en enterarse, a través de sus contactos con jóvenes oficiales, y luego informó al presidente del Consejo de la aparición de aquellas nuevas juntas en el arma de infantería. A su vez,  éstas se sentían autorizadas y legitimadas porque, como decía la Junta Superior en el manifiesto de 1 de junio de 1917: “Elevó su reglamento a manos de su superior autoridad y estaba persuadida de que había llegado a las más altas manos, y al no haberle sido vedada su actuación, se hallaba orgullosa de la alteza de sus miras y propósitos”51.

  También queda bastante bien ilustrada la pendular irresolución de Su Majestad52. Alfonso no sabía qué hacer con las Juntas en aquellos meses anteriores a su reconocimiento oficial. En principio, y coincidiendo en ello con Romanones y Luque, su presidente del Consejo y ministro de la Guerra respectivamente, era contrario a la actuación gremial de los oficiales. Pero, luego, su pusilánime temor a perder las simpatías de su brazo más querido, el militar, le hacía dar palmaditas en la espalda al capitán general de Cataluña Alfau Mendoza, enlace oficioso de las Juntas con el gobierno. En definitiva, los nuevos organismos de defensa gremial no podían ser de su agrado porque cercenaban la regia prerrogativa del artículo 53, cuestionaban su paternalismo, y podían terminar situándole al mismo nivel que el resto del generalato, acusado ya del cultivo de chapuzas y favoritismos. Ello no obstó para que luego pensara en utilizarlas en beneficio propio, “borbonearlas” sería el verbo,  sin imaginar que él también quedaría desbordado por el estallido juntero53. Estallido del que fue el primer responsable, cuando en otro de sus movimientos pendulares, instó a Aguilera, el nuevo ministro de la Guerra del gabinete García Prieto, a acabar sumariamente con ellas. El novel ministro se apresuró a cumplir la regia indicación a espaldas del propio gobierno, que hubiera preferido una línea de acción  más contemporizadora54.

  Pero, una vez más, el monarca no aguantó el envite. Con la Junta Superior encarcelada en Montjuich y las guarniciones de todo el país dispuestas a demostrar enérgicamente su solidaridad con ella, Alfonso volvió a maniobrar a espaldas de su gobierno y envió como su emisario personal a la sublevada Barcelona al comandante de caballería don Mariano Foronda55, quien acompañado del editor Sopena comunicó, sobre las cuatro de la tarde del 1 de junio, a la Junta Superior encarcelada su pronta liberación56.

  En los primeros días de aquel frenético junio de 1917 el rey mantuvo el contacto con las Juntas, procurando ganar parte del terreno perdido. Comisionó al prestigioso Weyler a las guarniciones de Zaragoza y Pamplona con el mensaje de que todas las aspiraciones del Ejército se le elevasen a su muy alta  y real consideración57, y en un más que forzado “trágala” no dudó en calificar de “patriótico” al naciente movimiento militar en unas declaraciones concedidas al “Daily Express”58.

  Era en vano, si bien en todo momento las Juntas acreditaron su monarquismo59, no estaban dispuestas a que el rey, siempre mal aconsejado, por supuesto, “mandara” en el Ejército. En una entrevista concedida el 13 de junio de 1917 por un oficial desconocido al diario “La Independencia” de Almería se cuestionaba uno de los mecanismos básicos del poder del soberano sobre el Ejército: “Deseamos también el relevo del cuarto militar de Su Majestad, y que por él pasemos todos por turnos, porque hoy, debidos esos puestos al favor y a la influencia, los que los ocupan no tienen la independencia necesaria para decir al Jefe del Estado cuales son nuestras aspiraciones y nuestras necesidades”, y unas líneas más arriba las concretaba así: ”Ante todo. La escala cerrada y el ascenso por antigüedad para evitar el reinado del favoritismo”60. Tres semanas después el ministerio de la Guerra daba un Real decreto (4 de julio de 1917) reglamentando el tiempo de permanencia en la Casa Militar a un máximo de cuatro años para todos sus miembros, lo que supuso al rey tener que deshacerse de una parte del personal que en ella le servía. Hubo de ser pérdida sensible la del general de brigada Juan Lóriga y Herrera Dávila, conde del Grove, que ya estaba a su servicio, entonces como profesor, en los días  lejanos de su menoridad.

  El siguiente susto se lo llevará Alfonso a primeros de agosto cuando el coronel Benito Márquez, presidente de la Junta Superior de Barcelona, le hizo llegar un documento, que consiguió no contestar, en el que se le pedía un gobierno de concentración, Cortes constituyentes, y se le adjuntaba, nada menos que la lista de los ministros del próximo gabinete. Tuvo la Junta, eso sí, la deferencia de colocar en Guerra al general Carlos Borbón-Sicilia, cuñado del rey y hombre de su confianza. La contrapartida ofrecida a la humillante aceptación del mensaje no podía ser otra que la garantía del pleno apoyo militar a la corona61.

  Pero, tras la represión de la huelga general de agosto, el Ejército se consolida aún más como el árbitro de la situación política, a fines de octubre hace caer al presidente Dato, impone al rey un gobierno de concentración e, incluso, el nombre del nuevo ministro de la Guerra, el primer civil en esta cartera: Juan de la Cierva y Peñafiel, verdadero síntoma de la poca confianza que las Juntas tenían en el generalato. Fernández Almagro describe así la humillación del trono y su gobierno en esta crisis: “No hizo falta llegar a la entrega material del ultimátum fulminado por las Juntas, hecho público el día 25. A la noche siguiente, se reunió la Junta de Infantería en el Centro madrileño del Ejército y la Armada; esperó el rey hasta hora muy avanzada la noticia de haberse consolidado la unanimidad, y por la mañana licenció a Dato”62. Sin embargo, es interesante observar que el monarca, aunque debilitado, es el eje intocable alrededor del cual gira toda la crisis, en la que , por cierto ya no se exigen Cortes constituyentes. Ello es así porque las Juntas estarán siempre limitadas por su adhesión al rey soldado, aunque sea Borbón.

  Con el nuevo gobierno de concentración presidido por García Prieto, Alfonso deberá convivir por primera vez con un ministro de la Guerra, La Cierva, que le ha sido impuesto. Se podría decir que al Ejército le han salido dos novios que necesariamente rivalizarán en sus declaraciones de amor y en sus regalos. De todos modos la obligada cohabitación no duró mucho. Un ejemplo divertido de los lances entre los dos competidores se dio en el banquete de homenaje a la bandera de la antigua Academia General Militar ofrecido en febrero de 1918 en el Hotel Palace, con la asistencia de 1500 generales, jefes y oficiales. El ágape, en el que La Cierva, el nuevo gran proveedor, pensaba brillar con luz propia,  se había planteado como un acto de confraternización de los oficiales particulares63 con su generalato, tanto más necesario cuanto que la fractura entre ambos nunca se había evidenciado tanto. Tiempo le faltó al rey para hacerse invitar, por la insistente gestión del célebre general Silvestre, entonces ayudante de campo de su Casa Militar, y años más tarde presunto suicida en los parapetos de Annual. No contento con la mera invitación, el discurso que pronunció Su Majestad al final del banquete, no previsto en ningún guión, le reservó los más delirantes entusiasmos64.

  De todos modos ambos rivales no perdieron de vista que debían unir esfuerzos para contentar a las Juntas. Parece ser que en el paquete de reformas, en el que se contemplaban sabrosas subidas salariales, colaboró el mismo rey65, el cual estimulado por la amenazadora asamblea que protagonizaba la guarnición de Madrid en el Círculo militar, no dudó en apoyar al ministro enfrentado al resto del gabinete por querer aprobar las aludidas mejoras a golpe de Real decreto y dejar para más adelante el trámite parlamentario. El gabinete García Prieto estaba, después de esto, herido de muerte, pero las Juntas hicieron saber por boca del Capitán General de Madrid, Ochando, que no tolerarían la ausencia del generoso La Cierva en cualquier ulterior combinación ministerial. Como si hiciera falta, emisarios de la guarnición barcelonesa sostuvieron la firme actitud de sus compañeros de la corte. Sin embargo, cumplido su papel, el ministro de la Guerra comenzaba a ser un estorbo para el monarca: pocos días después, 19 de marzo, supo hacerlo dimitir desautorizándolo en su gestión de una preocupante huelga de correos y telégrafos66.

  Luego de la caída del gobierno García Prieto, advino otro de Maura, llamado “nacional”, en el que militaron todos los pesos pesados de la época. Con su fracaso murió la última posibilidad de ilusionar del régimen. Se sucedieron más gobiernos: débiles, ciegos, moribundos ... La rebeldía sindicada del cuerpo de oficiales se mantuvo vigilante, contrariando las esperanzas del monarca de que los nuevos sueldos y reformas, repartidos por La Cierva aquella primavera de 1918, hubieran acabado para siempre con la pesadilla uniformada. Al contrario, las Juntas gozaban de buena salud y sometían a los gobiernos a su arbitrio. Alguno cayó sin que pudiera disimularse que lo hizo fulminado por ellas. Fue el caso del gabinete Sánchez de Toca, descabalgado a fines de 1919 por el caso de los alumnos de la Escuela de Guerra67.

  La crónica debilidad de los gobiernos permitió que dos de los más grandes problemas nacionales, la situación en Barcelona y Marruecos, permanecieran prácticamente al margen de su gestión directa. Ambos terminaron generando virreinatos regidos por equipos militares estrechamente vinculados a la corona e independientes de posibles directrices gubernamentales, bien entendido que la corona protegía más que dirigía  la gestión de sus pupilos militares.

   Barcelona, patria y bastión de las Juntas, crispada siempre por el problema catalanista y obrero, tuvo en aquellos años, en que el Estado de Guerra o la suspensión de las garantías constitucionales eran la norma, a Joaquín Miláns del Bosch y Carrió como Capitán General, y, sobre todo a Severiano Martínez Anido, primero en el gobierno militar de la plaza, y luego en el gobierno civil. Ambos eran antiguos palaciegos, ayudantes de órdenes de Su Majestad por más señas: Miláns en 1904-1907, Martínez Anido en 1910. El primero, vigilado por las Juntas, desconoció con aplicación los intentos conciliatorios del gobierno Romanones en la huelga de la Canadiense; facturó para Madrid al entonces gobernador civil y al jefe de policía, por parecerle poco afectos; y su olímpica independencia de criterio acabó, en suma, forzando la dimisión del gobierno68. Eso sí, lo que de verdad le preocupaba, además de no enajenarse las simpatías de las Juntas, era cosechar la cariñosa aquiescencia del trono. Así, una carta de su archivo documenta la visita del teniente coronel José Caro Cruells, ayudante de órdenes de S.M., al que puso al corriente de todas las vicisitudes de su mando en Barcelona, y del que recibió la grata indicación de que el Rey “Estaba satisfechísimo de mi”69. En definitiva, en aquella hondísima crisis social y política, Miláns actuaba, aplaudido por Alfonso, como el apaciguador de las crispadas Juntas de Barcelona. Si el monarca debía elegir en aquel momento entre su antiguo ayudante de órdenes y el presidente del Consejo, no iba a dudar. Cuando diez meses después, en febrero de 1920, sí se haga necesaria la dimisión del virrey de Barcelona, no será el ministro de la Guerra quien la obtenga, sino el propio rey por medio de un telegrama personal70

  El otro hombre del equipo, Martínez Anido, tristemente ilustre por su maestría en la aplicación de la ley de fugas, también supo dar buena muestra de su independencia con respecto a los gobiernos de turno, independencia tal vez sostenida por las más altas manos, que de esta manera pensarían granjearse el agradecimiento de Cambó y la gran burguesía catalana. Este curioso personaje no tenía empacho en declarar en 1921 a la prensa barcelonesa: “No quiero saber nada del gobierno; el gobierno no ha tratado de darme instrucciones, como se ha venido haciendo con anteriores gobernadores. La sola condición que impuse al aceptar el cargo fue la de una absoluta autonomía en mi gestión...”71.

  En Marruecos, los dos protegidos del monarca eran el general Dámaso Berenguer, Alto Comisario del protectorado, y, sobre todo, Manuel Fernández Silvestre, Comandante general de Melilla,  predilecto de antiguo, como ya vimos,  en la real privanza y, consiguientemente, ajeno a tediosos controles gubernamentales. Su independencia era vista, también, con amistosa indulgencia por Berenguer, su jefe directo, aunque algo más moderno en la asunción del generalato. Ocupado como estaba en la Yebala, tampoco quiso fiscalizar qué hacía por el Rif un subordinado con amistades tan altas. Parece que el valeroso e impulsivo Silvestre prometió a su regio protector la toma de Alhucemas para el día de Santiago de aquel fatídico 1921. El entusiasmo del monarca dicen que se concretó en un indiscreto telegrama  nunca hallado, cuyo texto, ejemplo de campechanería borbónica, sería algo así como: “¡Olé los hombres! El 25 te espero”72. Sea como fuere la irresponsable audacia de Silvestre, estirando alegremente sus líneas hacia el corazón del Rif sin reforzarlas ni asegurar su retaguardia, y tal vez jaleada por el trono, acabó en un colosal desastre militar con diez mil muertos encima de la mesa. No sólo era el fracaso de Ejército; era, sobre todo, el fracaso de la monarquía; el principio del fin de Alfonso el Africano.

  Como consecuencia inmediata de la hecatombe, el Ejército se vio dividido hasta extremos intolerables por dos grandes debates: africanistas contra junteros y responsabilistas contra impunistas. También empezó a resquebrajarse el poder omnímodo de las Juntas de Defensa. Todo el mundo estaba harto de ellas, por lo que a los africanistas les resultó más fácil hacerse con la trastornada opinión pública y lanzarla contra sus rivales junteros. Además, con el final de la Primera Guerra Mundial y el relanzamiento de las operaciones en nuestra zona del protectorado, los africanistas habían ganado peso específico, y la necesidad de recompensar los actos de valor no hacían parecer tan monstruosos los ascensos por méritos. Por si fuera poco, luego del hundimiento de la Comandancia de Melilla, quedaba claro que sólo los profesionales de África estaban en condiciones de recuperar el terreno y el prestigio perdidos. Los que tuvieran buen olfato podían percibir ya un cambio en la dirección del viento.

  A primeros de enero del año siguiente, pareció que las nuevas circunstancias permitían dar un paso decisivo en la domesticación del movimiento juntero. La Cierva, otra vez ministro de la Guerra en un gobierno Maura, presentó a la firma del monarca un Real decreto por el que “Las Comisiones Informativas”, nuevo nombre por el que eran conocidas las Juntas de Defensa desde el 30 de diciembre de 1919, pasarían a formar parte de las secciones respectivas del ministerio de la Guerra; sus componentes serían elegidos por el ministro en terna presentada por el Arma; y se prohibía, además, cualquier tipo de cotización.

   El rey estaba objetivamente interesado en acabar de una vez con aquellos organismos que tanto habían socavado su poder e influencia en el Ejército. Pero una vez más, su congénita pusilanimidad; su deseo, también de seguir siendo el referente de la fracción que todavía le parecía más fuerte, por más que sus verdaderas simpatías se decantaran, como es lógico, por el lado africano, le abocaron a negar su real autógrafo al pie del decreto presentado73. Incluso parece que en las horas anteriores no se pudo abstener de dar seguridades escritas a los representantes de las atribuladas Juntas: “Estad tranquilos. Si se presenta este decreto, como soy bastante torpe, tengo que estudiarle algunos días”74. No se arredró Maura, bragado en estas  lides desde los lejanos tiempos en que la regia imposición de Polavieja para el Estado Mayor Central le lanzó de su primer gobierno allá en 1904, y contraatacó el once de enero con la dimisión en pleno del gabinete. Sondearon las Juntas a Santiago Alba, por medio del general Burguete, como posible sustituto del testarudo Maura. La negativa prudente de aquél obligó a confirmar a los dimitidos y , al fin, el 16 de enero la reticente firma se estampó al pie del Real decreto.

  Ya eran claramente perceptibles los difíciles equilibrios del monarca en un ejército cada vez más dividido y fragmentado. En la esfera parlamentaria y en la calle su posición en el debate de las responsabilidades se hacía insostenible. El 27 de octubre de 1921 Indalecio Prieto abordaba en el Congreso el tema espinoso de las relaciones del rey con Silvestre, pero fue, sobre todo, un año después, en sendos discursos los días 21 y el 22 de noviembre de 1922, que la oratoria del tribuno socialista puso a Alfonso contra las cuerdas.  Por si todo esto fuera poco, en el mes de julio el Consejo Supremo de Guerra y Marina decidió procesar al general Dámaso Berenguer, uno de los más importantes palatinos, por su actuación como Alto Comisario del protectorado. La marea responsabilista lamía ya las gradas del trono.

  Con la confianza de las Juntas y de la opinión pública en entredicho, el rey se creyó obligado a tomar la iniciativa y recuperar la simpatía del cuerpo de oficiales. En ocasión de un viaje a Barcelona, patria y bastión juntero, se celebró en Las Planas, el 6 de junio de 1922, un banquete organizado por la Cooperativa Militar en el que se reunió la guarnición de la plaza. Ello le dio pié a un discurso en el que se presentó como el primer compañero de todos, invocando el retorno a una disciplina fundada en el honor y la camaradería. Se trataba, en suma, de devolver al redil al renuente rebaño juntero. Si esa era la música, esta era la letra:” Yo he jurado la misma bandera que vosotros y he ratificado ese juramento ante la más alta representación de la Patria, que son las Cortes, con la mano puesta sobre los Evangelios. Este juramento no tendría ningún valor si yo no lo hubiera hecho como delegado vuestro ... Además vosotros tenéis unos reales despachos recibidos de mis manos, que son como un contrato que hay que cumplir, y cuando yo juraba, lo hacía en nombre de vosotros y por el honor de todos ... Yo os ruego que os acordéis siempre que no tenéis más compromiso que el juramento prestado a vuestra Patria y a vuestro rey ... Estoy convencido de ello. No os pido más que os acordéis de que todos somos oficiales del Ejército español, y tenemos unas Ordenanzas que estamos obligados a cumplir y una disciplina que observar”75. Todo un modelo, como vemos, de  patrimonialización del Ejército a través del mecanismo de identificación emocional que supone la figura del rey soldado. El éxito estaba garantizado. Satisfecho, se volvió hacia Sánchez Guerra, entonces nuevo presidente del Consejo, y con desparpajo borbónico le espetó: “ Había que poner el cascabel al gato, y lo he puesto”76.

  Pero el gato resultaba ser más arisco de lo imaginado. Con motivo de la entrega en Sevilla de una bandera al grupo de regulares de Larache, se celebraron distintos actos castrenses del 14 al 17 de octubre de 1922 con la presencia de los reyes. En uno de esos actos se trataba de condecorar a dos conspicuos africanistas, el general Sanjurjo y el teniente coronel González Carrasco. La celebración fue boicoteada por los oficiales de infantería de la guarnición que negaron su asistencia, seguramente en represalia por que 300 oficiales africanistas habían abandonado el movimiento juntero la primavera anterior. El insulto que significaba el desplante a Sus Majestades fue recogido por el grupo rival: el 7 de noviembre Millán Astray, nuevo favorito del rey, hacía pública su dimisión del Ejército, arrastrando la simpatía solidaria de Mola, Franco y el conjunto de oficiales de La Legión77. El 10 de noviembre un artículo en ABC cargaba sobre las Juntas todo el peso de la culpa de nuestra situación militar en África.

  Su fin se aproximaba a pasos agigantados.     El 14 de noviembre el gobierno, de una vez por todas, se atrevió a disolverlas. Esta vez a  Alfonso, respaldado por regulares y legionarios, no le tembló el pulso. Tres semanas antes, Martínez Anido y Arlegui, los hombres de confianza del rey en Barcelona, y también de las patronales, eran destituidos de sus cargos, aunque no por ello terminaría la guerra sucia contra el movimiento obrero catalán.

  Pero seguían en pié las responsabilidades africanas, en un ambiente de enorme crispación militar y escaso respaldo a la corona. A fines de 1922 –Sánchez Guerra ya había dejado paso al que sería último gabinete constitucional, presidido otra vez por el siempre fugaz García Prieto- se desataron rumores, recogidos por “El Heraldo” del día 29 de diciembre,  de un posible golpe de estado, de signo republicano esta vez, auspiciado por los generales con Mando en Madrid78. El nerviosismo de palacio comisionó raudo al conde del Grove a fin de que pudiera confirmar, o no, el monarquismo de los conjurados79 Por las mismas fechas debió suspenderse un acto militar a favor de la monarquía por la negativa a participar de uno de los regimientos de la guarnición. También se notaba inquietud entre la oficialidad barcelonesa y enorme desaliento en la de Melilla, la más afectada por el tema de las responsabilidades.

  En el primer semestre de 1923 la situación fue empeorando de día en día. El 23 de enero los rifeños liberaron a los prisioneros tomados durante el desastre de Annual a cambio de 4 millones de pesetas80. Por si esto no fuera suficientemente humillante para el Ejercito,  al poco trascendieron las negociaciones de paz entre el ministro de Estado, Alba, y el Alto Comisario, Luis Silvela, por un lado y Abd-El-Krim y El Raisuni, por el otro. Mientras, caían asesinados en las calles, entre otros, el Noi del Sucre en Barcelona, el 10 de marzo, y el arzobispo de Zaragoza, cardenal Soldevila, el 4 de junio.

  La dictadura, amparada en las bayonetas, se perfilaba en el inmediato horizonte hasta para los mas desavisados. Pero ¿Quién sería el dictador?. En Madrid galleaba el teniente general Aguilera hasta que una bofetada del líder conservador Sánchez-Guerra lo dejó fuera de la competición81. También en la capital, formaban turbulenta tertulia sin cuidarse mucho de la discreción, los cuatro generales conocidos como “el cuadrilátero”: Saro, Dabán, Cavalcanti y Berenguer(Federico). Con ellos y con el duque de Tetuán, general Juan O’Donnell y Vargas, se entrevistó el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, quien, como sabemos, terminaría imponiendo su proyecto con éxito.

  Pero lo más sorprendente de aquellos días en que se deshacían los cimientos de la Restauración fue que el propio rey, delatando así su vocación de espadón decimonónico, se postuló como un posible dictador apoyado en el partido militar. Poca gracia debió hacerle que las conspiraciones incontroladas pudieran llegar a tener carácter republicano, como la que denunciaba “El Heraldo” a fines de 1922, y tal vez creyó que su gobierno personal resultaría la mejor opción para la continuidad de la dinastía. Para ello pensaba desempolvar la Junta de Defensa Nacional, organismo casi moribundo creado por Maura en 1907 para cubrir por entero la responsabilidad del monarca como jefe supremo de los ejércitos de mar y tierra y dar continuidad, más allá de gobiernos menos que pasajeros, a la política de defensa. Naturalmente sus reuniones habían sido muy escasas. Bajo la presidencia del rey, sus vocales eran: El presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Guerra y Marina, los ex presidentes del Consejo de los partidos gubernamentales, y los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito y de la Armada82. Requirió oficialmente Alfonso la opinión del venerable Maura sobre su proyecto de gobierno personal. El anciano se lo desaconsejó, y refiriéndose al apoyo del brazo militar,  éste fue su dictamen: “Sería menos nocivo que quienes han ido imponiéndose en trances críticos asumiesen entera la función rectora bajo su responsabilidad”83.

  Resulta poco menos que increíble que el monarca no se diera cuenta que de todos los candidatos posibles él era el peor situado. Había contribuido como nadie a la parálisis del juego de partidos, pero, sobre todo, y esto es lo que aquí más nos interesa, a la fragmentación y crispación de quienes podrían conformar el partido militar, el único con suficiente poder para sostener un dictador. Su personalismo; su intervencionismo; su obsesión por patrimonializar el cuerpo de oficiales y asegurarse unas clientelas adictas; la malhadada aventura africana y su política de recompensas; la protección dispensada a militares de su confianza que desarrollaban, a espaldas de los gobiernos, políticas propias luego estrepitosamente fracasadas, como fue el caso en África y Barcelona, le invalidaban para conjugar o, al menos, disfrazar en aquella hora, los intereses contrapuestos de junteros y africanistas, de los cuerpo facultativos y de las armas generales, del “ejército de Madrid” y de las guarniciones de la periferia, de los oficiales generales y de los oficiales particulares, etc , etc, etc,. Que, en 1923, Primo de Rivera estuviera mejor situado  que el propio rey para remendar aquel ejército roto y aprestarlo a la defensa de sus intereses distintos y contrapuestos, muestra con claridad el fracaso de la monarquía en su política militar84.

  Alfonso  nunca supo darse cuenta de que aquel ejército vencido, anticuado y excedido de mandos  que sobrevivió a la catástrofe del 98 necesitaba una profunda reconversión, que su patronazgo clientelar no podía sustituir. Reconversión, que las clases pudientes no estaban dispuestas a sufragar. Sin recursos, la máquina militar sólo estaba en condiciones de realizar tareas policiales contra los opositores internos al sistema85, o pasar muy serios apuros en aventuras coloniales de alpargata. También es cierto que la mayoría del cuerpo de oficiales únicamente deseaba salario y una oportunidad de carrera. No percibían la necesidad de una reconversión militar problemática y profunda que podía significar para ellos la pérdida de lo que más ansiaban: justamente ese salario y esa carrera. El hecho es que cuando el nuevo espadón, Primo de Rivera, intentó tantear algo parecido a la “reconversión del sector”, pero sin tocar el problema de fondo, que era el excedente monstruoso de oficiales, terminó enajenándose el apoyo, por poner en peligro sus diferentes intereses corporativos, de quienes le habían puesto en el poder: las diversas familias militares, por más que sus propuestas de reorganización resultaban superficiales y parciales86.

En definitiva, lo que hemos querido apuntar son los mecanismos internos que fracturaron la relación del rey con sus Ejércitos. Relación que, siguiendo el insustituible análisis de Lleixà87, resulta fundamental en la arquitectura de la Restauración, construida sobre el dualismo generado por la escisión del rey y sus Ejércitos, de un lado, y el Jefe del Estado y sus aparatos civiles –gobierno, Cortes, administración periférica, etc.-, de otro. La única charnela unitiva de ambas vertientes estatales resultaba ser el propio monarca. Con el paso del tiempo, una de las dos dimensiones, la que hemos explorado, el rey con sus Ejércitos, terminó marginando a la otra en la preservación del orden social y político existente, así como en la garantía de la unidad del Estado. Lo que hemos intentado estudiar en estas líneas es el deterioro progresivo de esa relación hegemónica. La negativa del monarca a reformar y fortalecer el Ejército, convirtiéndolo en un aparato burocrático moderno, sin mácula de clientelismos desmoralizadores; la incapacidad del subsecuente dictador de afrontar con éxito esa tarea aplazada, dieron al traste con el régimen. Nació la República, pero heredó el doble problema de la impopular reconversión militar y la desmilitarización del Estado.

1 Sobre el tema del rey soldado consultar: CARDONA, Gabriel: El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Madrid 1983. pp.44-45; véase también: SECO SERRANO,Carlos: Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Madrid 1984. p 188; BOYD, Carolyn P.:La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII. Madrid 1990. p. 20; PAYNE,Stanley G.: Los militares y la política en la España  contemporánea. París 1968. p. 42

2 SECO SERRANO, Carlos: Militarismo ... p. 198

3 HEADRICK, Daniel R.: Ejército y política en España (1866-1898). Madrid 1981. pp. 219-220                           

4 HEADRICK, Daniel R.: Ejército y ... p. 220  

5 CARR, Raymond: España 1808-1939. Barcelona, 2ª edición, 1970. p. 344

6 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Barcelona 1934. p. 11

7 PILAR, princesa de Baviera y CHAPMAN-HUSTON, comandante Desmond: Alfonso XIII.  Barcelona 2ª edición. 1952. pp. 85-86.

8 CROZE, Austin de: Alphonse XIII intime et la cour d’Espagne. 1902. p. 14, recogido en BACHOUD,Andrée: Los españoles ante las campañas de Marruecos. Madrid 1988. p. 79.              

9 BACHOUD, Andrée: Los españoles ... p. 79.

10 Y no nos referimos sólo a los innumerables óleos y fotografías oficiales. Cual artista de cine, también acostumbraba a distinguir a determinados militares a los que consideraba especialmente afectos, con su retrato dedicado. Por ejemplo, el que recibió el general Milans del Bosch y Carrió en 1921 con una dedicatoria en la que se le apostillaba de “siempre jinete y mi capitán de guardias”. E n la foto Alfonso aparece de uniforme, luciendo un picudo casco y con la nostálgica mirada de los avezados capitanes perdida en la lejanía, en CARDONA, Gabriel: Los Milans del Bosch, una familia de armas tomar. Entre la revolución liberal y el franquismo. Barcelona 2005.

11 PILAR, princesa de Baviera y CHAPMAN-HUSTON, comandante Desmond: Alfonso ... pp. 319-320.

12 Prueba de ello es este pasaje del discurso que pronunció el 7 de junio de 1922 en una comida con la guarnición barcelonesa en “Las Planas”: “Ponemos, por ejemplo, al Ejército alemán, ese ejército que hoy no existe y que, sin embargo, yo aconsejaré a mis oficiales tomen como modelo ... porque este ejército tenía un contenido ideal, en el que debemos inspirarnos todos.”, en CARDONA,Gabriel: El poder militar ... p. 41

13 CARR,Raymond: España ... p. 338

14 BOYD, Carolyn P.: La política pretoriana ... p. 22

15 ROMANONES, conde de: El Ejército y la política. Apuntes sobre la organización militar y el presupuesto de la guerra. Madrid. 2ª edición.1921. pp. 79-85

16 ROMANONES, Conde de: Notas de una vida. Tomo II. Madrid 1947. pp. 46-48

17 AZAÑA, Manuel: Obras completas. Tomo III. México 1967. p. 886. (edición de Marichal)

18 MAURA, duque de; y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado. Madrid 1948. p. 47

19 Diario íntimo de don Alfonso. Página correspondiente a la entrada del último año de su menoridad. Reproducido en: FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España contemporánea. Tomo III. 1897-1902. p. 300.

20 FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp. 11-12.

21 El artículo 6 de la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 dice: “No podrán concederse, sin aprobación directa y previa del Rey, y en virtud de Real decreto, los mandos de ejército, cuerpo de ejército, división y brigada. Lo mismo se hará con las Capitanías generales de distrito, Comandancias generales y Gobiernos militares de provincia y plaza mientras subsista la actual división territorial y para todos los cargos equivalentes cuando se modifique. Los mandos de cuerpos no podrán ser conferidos sin la aprobación de S.M.

  No serán válidos, sin que conste esta aprobación, los grados, empleos y demás recompensas militares que el Rey conceda con arreglo a la Constitución y a las leyes.”

  El artículo 30 de la misma ley dice: “El empleo militar es una propiedad con todos los derechos y goces que las leyes y reglamentos consignan.

  El destino, comisión y cargo es de la libre voluntad del Rey, a propuesta de su ministro responsable.”

22 El artículo 15 de la Ley Constitutiva de 1878 dice: “Los Reales decretos relativos al cumplimiento de las leyes militares serán propuestos al Rey y refrendados por el ministro de la Guerra como previene el art. 54 de la Constitución.”

23 El segundo párrafo del artículo 2 de la Ley  Adicional de 1889 dice: “ La organización del Ejército corresponde al Rey, mediante su Gobierno responsable, y dentro de la presente ley, de la de Presupuestos y de las que fijen cada año la fuerza militar permanente.”

24 MAURA, duque de; y FÉRNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó ... pp. 303-305.

25 PEYRA ANGLADA, Gustavo: Estudio de una organización del ejército arreglada à la potencia contributiva de España. Juan Gili librero-editor. Barcelona 1905. pp. 13-25. La cita textual es de la p. 21.

26 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 289, refiriéndose en concreto al nombramiento del general Aguilera en 1917.

27 CARDONA, Gabriel: Alfonso XIII. El rey que se equivocó, en OSORIO, Alfonso y CARDONA, Gabriel: Alfonso XIII. Barcelona 2003. p. 129

28 MAURA, duque de; y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó ... pp. 420-421.

29 El Cuarto Militar cambia su denominación por Casa Militar apartir de un Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de fecha 04/07/1917 

30 Fue el Estado Mayor Central del Ejercito un organismo muy necesario pero de existencia vacilante. Creado en 1904, como hemos visto, desapareció en 1912; recreado en 1916, reorganizado en 1918 y 1923, terminó volviendo a desaparecer en 1925. Se puede decir que en aquella cocina nunca se cocinaron los platos importantes, y menos los africanos..

31 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p.57

32 BOYD, Carolyn P.: La política pretoriana ... p. 19.

33 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp. 59-60.

34 MAURA, duque de; y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por que cayó ... pp. 91-92

35 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p.79.

36 CARDONA, Gabriel: Alfonso XIII ... p.146.

37 BACHOUD, Andrée: Los españoles ... p.84.

38 BACHOUD, Andrée: Los españoles ... pp. 87-88 y 98-99.

39 BOYD, Carolyn P.: La política pretoriana ... p.63-64. Cuando el gobierno, harto de él, lo retire en 1915 de la Comandancia general de Larache, el rey premiará sus desmesuras, que incluyen un probable asesinato, con una ayudantía de campo en su Cuarto Militar. Las repercusiones que esta clara relación de patronazgo tendrá en 1921 son evidentes..

40 Ditirambo que el entonces presidente del Senado, Montero Rios, se vio incapaz de recatar en su discurso leído ante las gradas del trono el día de la onomástica del rey en 1911. En FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p.180.

41 De 100.000 hablaba De La Cierva, cuando a fines de 1917 fue nombrado ministro de la Guerra. LA CIERVA y PEÑAFIEL, Juan de: Notas de mi vida. Madrid 1955. p. 191.          

42 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 157; también MAURA, duque de; y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó ... p.161 y pp. 442-445, en las que se transcribe una interesante carta de Felipe Crespo de Lara a don Antonio Maura.

43 SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y ... p. 260, citando el “Diario” de Natalio Rivas.

44 BOYD, Carolyn P.: La política pretoriana ... p. 67. Aclararemos que las armas generales son la infantería y la caballería, y los cuerpos facultativos la artillería y los ingenieros. Éstos últimos ya disfrutaban de la escala cerrada.

45 BACHOUD, Andrée: Los españoles ... p. 125.

46 CARDONA, Gabriel: El poder militar ... pp.31-32. Sobre los datos de los Anuarios Militares entre 1912 y 1930, el autor ha realizado el cálculo de las probabilidades de carrera por antigüedad y la conseguida gracias a los ascensos de Marruecos en la promoción de infantería de 1910.

47 Don Miguel Villanueva y Gómez, ministro de Marina en el gabinete de Montero Rios de 1905 tuvo el valor suficiente para negarle al rey la clave telegráfica de su ministerio, vedándole así su comunicación directa con los oficiales de la Armada. No pudo resistir el pulso y acabó dimitiendo. En FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 77.

48 FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp.238-239.

49 PUELL DE LA VILLA, Fernando: Las fuerzas armadas en la crisis de la Restauración. Las Juntas Militares de Defensa. P. 102, en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario; y ALONSO BAQUER, Miguel (Dir.): Las fuerzas armadas españolas. Historia institucional y social. Tomo V. La Restauración. Madrid 1986.

50 ROMANONES, conde de: Notas de ... pp. 132,135,141-142 y 144. También en  MÁRQUEZ, ex coronel; y CAPO, J.M.: Las Juntas de Defensa. Barcelona 1923. pp. 41-42

51 MÁRQUEZ, ex coronel; y CAPO, J.M.: Las Juntas ... p. 179.

52 ALONSO IBÁÑEZ, Ana Isabel: Las Juntas de Defensa Militares (1917-1922). Madrid 2004. pp. 103-105. Maneja la correspondencia entre Alfau y Luque conservada en el A.H.M.

53 LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio: La crisis española de 1917. Madrid 1970. p. 115.

54 ROMANONES, conde de: Notas de ... pp. 137-138.

55 PABÓN, Jesús: Cambó. 1876-1918. Barcelona 1952. pp.488. Nos referimos al 2º marqués de Foronda, señor de los tranvías de Barcelona, premiado con la grandeza de España en 1926.

56 MÁRQUEZ, ex coronel; y CAPO, J.M.: Las Juntas ... p. 38. Se cuenta que en aquel momento el coronel Márquez, analizando correctamente la situación, pronunció estas lapidarias palabras:”Él no nos pone en libertad: nos ponemos nosotros. Puede dar gracias de que le dejemos en Madrid.”

57 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 294.

58 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 302

59 Los testimonios son múltiples: en la “Orden del movimiento insurreccional enviada a las Juntas regionales de defensa por la Superior” se prevé que si a las tres de la tarde del día 2 de junio han de ocuparse las capitanías generales y los gobiernos militares de toda España para forzar el excarcelamiento de la Junta Superior, ello se realice previo juramento de ”fidelidad a la Patria, a la Junta de Defensa y a la Monarquía”, eso sí, por este orden, recogido en LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio: La crisis ... p. 134. También el testimonio del comandante Espino. Comisionado por la Junta Superior de Barcelona para entrevistarse en aquellos días con don Alfonso, le aseguró en nombre de la misma  que el rey “Era la única solución para el país”, en MÁRQUEZ, ex coronel; y CAPO, J.M.: Las Juntas ... p. 41

60 LACOMBA AVELLÁN. Juan Antonio: La crisis ... p.119.

61 LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio: La crisis ... pp. 159-159.

62 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 315      .

63 Oficial particular es aquél todavía escalafonado an las armas o cuerpos particulares (infantería caballería, artillería e ingenieros), de alférez a coronel, en contraposición a los oficiales generales (los distintos empleos del generalato), que se ordenan en un único escalafón general.

64 LA CIERVA y PEÑAFIEL, Juan de: Notas ... pp.197-199.

65 LA CIERVA y PEÑAFIEL, Juan de :Notas ... p.202.

66 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp. 325-328. Las subidas anuales y los nuevos quinquenios  en la nota de la p. 325.

67 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp.365-367. Pero sobre todo  MARTÍNEZ DE ARAGÓN y URBIZTONDO, Gabriel: Páginas de historia contemporánea. Las Juntas militares de Defensa. Los Alumnos de la Escuela de Guerra. Los hombres públicos de España. La soberanía de la ley. 1923

68 Un relato pormenorizado de los hechos en ROMANONES, conde de: Notas de ... pp. 160-180.

69 CARDONA, Gabriel: Los Miláns del Bosch ... pp. 268-269.

70 CARDONA, Gabriel: Los Miláns del Bosch ... pp.281-282. Alfonso en el texto del telegrama le solicita su dimisión “por motivos de salud” ...”Sacrificio que le pido con gusto al saber que me prueba una vez más su lealtad” ... “Pronto le probaré, Dios mediante, el afecto que le profeso y le compensaré de esta momentánea contrariedad”.  El premio fue la Jefatura de su Casa Militar ese mismo año.

71 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p.380.

72 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor Historia del reinado ... p.385. La hagiográfica obra de PILAR, princesa de Baviera; y CHAPMAN-HUSTON, comandante Desmond: Alfonso ... pp195-196, defiende la actitud del monarca y no niega la existencia del inoportuno telegrama, pero sin confirmar ningún posible texto.

73 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... pp. 401-402; ALONSO IBÁÑEZ, Ana Isabel: Las Juntas de ... pp. 585-592; y LA CIERVA y PEÑAFIEL, Juan de: Notas ... pp. 269-271

74 MOLA VIDAL, Emilio : Obras completas. Valladolid 1940. p. 1020.

75 CARDONA, Gabriel: El poder militar ... p.42             

76 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 407.

77 ALONSO IBÁÑEZ, Ana Isabel: Las Juntas de ...  p. 598.

78 BOYD, Carolyn P.: La política pretoriana ... p.285.   

79 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 420. Juan Lóriga y Herrera-Dávila, conde del Grove, por entonces general de división en la segunda reserva, había sido profesor de Alfonso en sus años mozos, luego su ayudante de campo y más tarde profesor también del príncipe de Asturias. El currículum, por tanto, de todo un palatino.

80 “¡Qué cara está la carne de gallina!” fue el comentario cruel de Alfonso,  según la vox pupuli, tan aficionada a los efectos cómico-dramáticos.

81 Una descripción de hecho tan grotesco en ROMANONES, conde de: Notas de ... pp. 210-211.

82 MAURA, duque de; y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor Por  qué cayó ... p. 534.

83 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado ... p. 431.

84 NAVAJAS ZUBELDÍA, Carlos: Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-1930). Logroño 1991. p. 277.

85  Para este tema sigue siendo imprescindible el magnífico trabajo de BALLBÉ, Manuel:Orden público y militarismo en la España constitucional. (1812-1983). Madrid 1983.

86 NAVAJAS ZUBELDÍA, Carlos: Ejército, Estado y ... pp.284-285.

87 LLEIXÀ, Joaquim: Cien años de militarismo en España. Funciones estatales confiadas al Ejército en la Restauración y el franquismo. Barcelona 1986. pp. 57-95