El impacto social del movimiento que protagonizan actualmente los trabajadores de "empresas recuperadas" se relaciona menos con su magnitud (involucra a un centenar de empresas y poco menos de ocho mil trabajadores) que con sus dimensiones simbólicas. El movimiento incide considerablemente sobre las expectativas sociales al proponer una solución original para los afectados por la inédita situación de pobreza y desempleo que afronta nuestro país. Pero que esta solución involucre la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo y ponga en discusión la vigencia irrestricta del derecho de propiedad, constituye un cambio de proporciones que no se limita a la esfera cultural, sino que incide directamente sobre el sistema institucionalizado de relaciones laborales, al proporcionar a los trabajadores una nueva herramienta de presión y negociación frente a los empresarios. Éstos se ven inhibidos de aplicar plenamente su capacidad de disciplinamiento sobre las fuerzas del trabajo que se había acrecentado durante los ‘90 a favor del creciente desempleo.

La visibilidad pública del movimiento es reciente y se vincula estrechamente con el período abierto a partir de la crisis institucional de diciembre de 2001. Sin embargo, los primeros casos registrados de recuperación de empresas por los trabajadores se remontan a la segunda mitad de los ‘90, e integran el repertorio de las variadas acciones de respuesta social al modelo neoliberal en esa década. Y si se toman en cuenta las modalidades de organización del movimiento, en particular la autogestión, podrían remontarse sus antecedentes hasta principios de los ‘80, como respuesta a la primera "oleada" del proceso de desindustrialización impuesto por la política económica de la dictadura militar de 1976-83. Muchos de aquellos esfuerzos quedaron en el camino por el nuevo giro de los ‘90, que al reinstalar con fuerza el modelo de apertura comercial "importadora" asestó un nuevo golpe a la industria local orientada hacia el mercado interno y obligó al cierre de numerosas empresas, incluyendo las que tempranamente habían comenzado a autogestionar los trabajadores.

¿En qué momento nace el movimiento? Si bien su identidad y su presencia pública se fortalecieron a partir del 20 de diciembre de 2001, sus orígenes son previos y se sitúan en la segunda mitad de los ‘90, en el seno del segundo ciclo de protestas contra el modelo neoliberal implantado en esa década. Esa es la época en que emergieron diferentes respuestas sociales contra los efectos de funcionamiento del modelo, que van desde piquetes hasta clubes de trueque, y en las que puede incluirse también la formación de una nueva central sindical, CTA, de carácter precisamente "movimentista".

Una de esas respuestas fue protagonizada por trabajadores que afrontaban la posibilidad de cierre de sus empresas afectadas por la importación y/o por sus dificultades de exportación en diversas ramas de actividad: frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etc. Varias de esas empresas se encontraban en procesos de quiebra, o en convocatoria de acreedores, o directamente habían sido abandonadas por sus propietarios, incluso sin haber procedido al cierre formal de los establecimientos. En general la crisis en cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, el pago en vales, la carencia de aportes previsionales, etc. En un contexto de creciente desempleo, los trabajadores se vieron obligados a aceptar estas condiciones de precariedad contractual para preservar sus puestos, pese a lo cual debieron afrontar la situación límite del cierre de las empresas. Los trabajadores, situados en la posición de damnificados y acreedores de estas empresas en crisis, se organizaron de manera relativamente autónoma para tomar a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les asegurara un cierto capital de trabajo para el funcionamiento, y acordando para si una retribución mínima semanal o mensual, generalmente combinada con pagos en especie o mercaderías, casi en el límite de la subsistencia personal y familiar. Al mismo tiempo buscaron definir un nuevo régimen jurídico de las empresas que, aún transitoriamente, les proporcionara una protección legal.

En estas experiencias previas a diciembre de 2001, por lo general los trabajadores adoptaron la figura de cooperativa, aunque en algunos casos mantuvieron la forma legal de la sociedad comercial establecida anteriormente, y en otros casos llegaron a acuerdos con la patronal para incorporarse como accionistas de las empresas. Aunque la adopción de estas diversas figuras jurídicas puede reflejar en parte diferentes orientaciones ideológicas de los trabajadores o el grado de conflictividad de la situación previa a la recuperación, fue inducida sobre todo por la necesidad de preservar la continuidad de funcionamiento de las empresas en un contexto económico y cultural muy diferente al actual. La continuidad de la forma jurídica previa de la empresa respondía a la necesidad de sostener los créditos bancarios, o el flujo de pagos con proveedores y clientes, o simplemente la necesidad de mantenerse dentro del circuito de intercambio formal de la economía. Incluso la adopción de la figura de cooperativa respondía sobre todo a la necesidad de constituir un sujeto jurídicamente responsable de las transacciones económicas y financieras de las empresas, recurriendo a una forma organizativa que cuenta en Argentina con un desarrollo secular y un marco de regulación estatal consolidado.

A partir de diciembre de 2001 el cambio del contexto institucional y del clima político cultural favoreció el desarrollo de estas experiencias, estimuló su articulación recíproca y también con otros movimientos sociales como el de los "piquetes" y las "asambleas" barriales, y suscitó el apoyo de partidos políticos, parlamentarios y funcionarios estatales –nacionales, provinciales y municipales, e incluso de sindicatos. Este nuevo contexto permitió la incorporación en un "movimiento" –reconocible por sus integrantes y por la opinión pública– tanto de trabajadores que encararon nuevas experiencias y la exploración de nuevas figuras jurídico-sociales, como también la incorporación "hacia atrás" de trabajadores cuyas experiencias se habían mantenido hasta entonces relativamente aisladas y poco visibles. A estas experiencias comenzaron a sumarse las de diversos grupos sociales que a través de la ocupación o "toma" de locales abandonados por sus propietarios, buscaron poner nuevamente en funcionamiento herramientas y máquinas mediante la organización de nuevos colectivos de trabajo.

Resulta necesario deslindar el desarrollo secular de la economía social en Argentina, en particular el de las cooperativas, de este movimiento de empresas recuperadas. Precisamente se trata de un movimiento orientado a evitar el cierre, el abandono, la quiebra y/o la liquidación de empresas por sus propietarios. Esta cuestión marca un sentido central en la orientación del movimiento, con respecto a la cual la forma jurídica adoptada por los trabajadores es de tipo "adaptativa", es decir, se vincula más bien con la oportunidad, la necesidad o las circunstancias de la amenaza de cierre de las empresas. Como se señaló, en las primeras recuperaciones registradas en el contexto de predominio del modelo económico neoliberal de los ‘90, las empresas tendían a adoptar la figura de la sociedad anónima como medio de sostener la posición de la empresa en el mercado. Sólo más tarde, cuando el Estado comenzó a reorientar su acción favoreciendo la expropiación preventiva de empresas en dificultades o concediéndoles a los trabajadores su alquiler comenzó a prevalecer la conformación de cooperativas de trabajadores, al tiempo que comenzaron a explorarse nuevas formas tanto en el terreno del tipo de asociación de trabajadores como de las salidas jurídicas vinculadas con las quiebras y liquidaciones de empresas.

Cabe rescatar aquí dos consignas que sintetizan las orientaciones del movimiento: "ocupar, resistir y producir"; "toda fábrica que se cierra, ocuparla y ponerla a producir". A pesar de las diferencias internas, que suelen ser de tipo político, todas estas empresas presentan afinidades. A pesar que en cada empresa no todos los trabajadores se sienten parte del movimiento, en sus tareas cotidianas luchan en pos de un mismo objetivo: recuperar y sostener la fuente de trabajo. Aún cuando no en todas las empresas los trabajadores lucharon y luchan de la misma manera, en todas ellas se encuentran núcleos que se autoidentifican como pertenecientes al movimiento, todas buscan el apoyo de, y lo brindan a, otras empresas recuperadas, y también solicitan el sostén de otros movimientos sociales, de vecinos y hasta de sus familias. Son estas relaciones las que nutren el movimiento desde sus orígenes.

Luego de diciembre de 2001 las empresas recuperadas recibieron el apoyo activo de las asambleas barriales, de organizaciones piqueteras, e incluso de algunos medios de comunicación. Estos apoyos fueron tanto simbólicos, como la firma en cuadernos donde quedan estampadas las adhesiones, como materiales, como la donación de alimentos o la participación en la resistencia frente a las fuerzas policiales. Los abogados que llevan adelante el proceso legal son partícipes activos del movimiento, y su actuación trasciende con frecuencia esa asistencia y se vuelca a las cuestiones de gestión, producción y administración. También es creciente el número de estudiantes universitarios que se acerca para prestar colaboración voluntaria a los trabajadores de estas empresas.

El rol de los sindicatos en la recuperación de empresas no es unívoco: algunos dirigentes participaron activamente en favor de los trabajadores, otros tuvieron una actitud pasiva, y otros fueron aliados de las patronales. Sin embargo, dada la envergadura que alcanzó el movimiento en el curso de este año, se registra actualmente un cambio de actitud, por lo menos en un sector de las cúpulas sindicales. Este cambio refleja el impacto del movimiento en la sociedad, que trasciende considerablemente el escaso número de empresas recuperadas (en relación con el total de empresas del país).

Estos diversos orígenes y experiencias explican las razones por las cuales el movimiento de trabajadores de empresas recuperadas no está unificado, y la competencia entre diversas corrientes, actores y organizaciones por su liderazgo. Algunas de esas corrientes se conformaron tempranamente, antes de diciembre de 2001, como el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas –MNER–, donde confluyen principalmente grupos surgidos de experiencias que desde su origen promueven la figura de cooperativas de trabajo para la gestión de las empresas. Otras organizaciones que también promueven esa forma jurídica surgieron directamente de sectores vinculados con el movimiento cooperativo, como la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo Empresas Reconvertidas, o la Federación de Cooperativas de Trabajadores. En algunas empresas cuya recuperación por los trabajadores fue estimulada por partidos políticos, se postula su "estatización con control obrero". Todas estas instancias, y otras que vienen surgiendo, buscan facilitar la coordinación entre los trabajadores de empresas recuperadas y proporcionan asesoría legal, técnica y política para los trabajadores de estas empresas, recogen experiencias, reproducen y difunden la exploración y el aprendizaje de nuevas formas de economía social y solidaria. Otros actores que influyen sobre el movimiento son estatales, como los responsables de otorgar personería legal a las cooperativas que promueven precisamente esta forma jurídico-social para encuadrar a las nuevas empresas, o como los funcionarios encargados de la aplicación de "procedimientos preventivos de crisis" que orientan la solución de los conflictos al ámbito jurídico-laboral.

Quien ha permanecido en silencio, y es por demás llamativo, es el sector empresario. Sólo uno de los voceros del establishment ha salido a plantear un debate sobre el tema, o más bien a cerrarlo, augurando poca vida al movimiento de empresas recuperadas. Pero la mayoría de los empresarios ha guardado silencio sobre el tema. No se puede negar que todo esto los afecta, no sólo a aquellos directamente involucrados porque eran dueños de alguna fábrica reconvertida, sino porque este movimiento ha tenido un fuerte impacto en las relaciones laborales "formales". Cuando hoy un empresario amenaza con cerrar su planta, los trabajadores le advierten que ellos buscarán recuperar la fábrica: saben que las condiciones son favorables a este tipo de procedimientos ya que están legitimados por la sociedad y, fuera de casos puntuales, los gobiernos no han puesto trabas en legalizarlos.

La delimitación del universo de las "empresas recuperadas" por los trabajadores plantea algunas dificultades, derivadas en principio de la propia naturaleza del movimiento que los incorpora, compuesto por grupos diversos con orientaciones diferentes. Cada uno de estos grupos incorpora a su corriente trabajadores cuyas empresas se sitúan en condiciones diferentes: algunas de estas empresas fueron "efectivamente recuperadas", otras están "en vías de recuperación", otras finalmente se incorporan a alguna corriente a instancias de trabajadores que buscan fortalecer sus posiciones pero de hecho llevan adelante una lucha prolongada, incluso desde mucho antes de la emergencia del movimiento. Aunque no resulta fácil clasificar estas diversas experiencias, pueden precisarse algunos rasgos comunes.

En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. De hecho las formas jurídicas que sustituyen el régimen de propiedad anterior son variadas, y van desde las cooperativas hasta las sociedades anónimas, aunque difícilmente se agoten en estas formas conocidas, ya que en algunas empresas recuperadas recientemente surgió la demanda de una nueva figura, la "estatización con control obrero". En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión de la empresa, por lo que se ven obligados a redefinir su rol dependiente en términos contractuales y subordinado en la organización del trabajo. Esa redefinición se extiende al vínculo con el sindicato, sobre todo en las cooperativas, ya que el pasaje de la condición de asalariado al de socio de una cooperativa implica para los trabajadores una exclusión del tradicional encuadramiento sindical. E incluso en aquellos casos en que los sindicatos promovieron la recuperación de la empresa, deben renegociar el vínculo gremial con los trabajadores.

Sobre las empresas "recuperadas" por los trabajadores se difundieron –y difunden cotidianamente– diversas estimaciones. En la medida que no existe un registro unívoco de estas experiencias, ya sea por la diversidad de figuras jurídicas involucradas en la conformación de los actores, o porque existen varias organizaciones que pugnan por liderar el movimiento, una de las tareas del estudio en curso es elaborar un listado que incluya la mayoría de dichas experiencias.

Actualmente (31-1-2003) llevamos listadas 98 "empresas recuperadas" en funcionamiento o "próximas a funcionar", aunque no de todas ellas contamos con información detallada sobre su actividad o tamaño. Y aún entre las empresas sobre las que contamos con algún tipo de información, no siempre hemos podido corroborarla a través de fuentes diversas para constatar su existencia actual. Sobre este universo de 98 empresas, se ha estimado la cantidad de trabajadores (esperamos contar en breve plazo con un detalle mayor sobre este universo):

Este universo de 98 empresas contaría con poco menos de 8.000 trabajadores. Las diferencias de tamaño son apreciables, ya que algunas cuentan con menos de 10 personas, y otras suman varios centenares. De allí que el promedio de trabajadores por empresa, al ser tan pocas las unidades del universo, no refleja las grandes diferencias entre las mismas. En cuanto a la forma jurídica adoptada, dos tercios de las empresas se organizan como cooperativa; se presume que la mayoría de ellas son cooperativas de trabajo (aunque resta chequear esta información en el instituto nacional que les otorga la personería respectiva).

Aún cuando estos datos puedan subestimar la cantidad total de empresas y de trabajadores involucrados, resulta significativa la envergadura limitada del fenómeno analizado: su impacto y repercusiones públicas exceden considerablemente su dimensión relativa. De allí también el interés en analizar este fenómeno como un "movimiento social", forma típica de organización y movilización que sostiene y produce nuevos valores en la sociedad, y genera cambios en la esfera de las orientaciones culturales. Es que pese a su escasa dimensión, las empresas recuperadas producen un impacto considerable en el campo de las relaciones laborales. En particular, tiende a inhibir una poderosa herramienta de presión empresaria que prevaleció en los ‘90, a favor de la creciente desocupación y subempleo registrado desde entonces. Esa herramienta es la "huelga de inversiones" o amenaza de cierre, como justificación para producir despidos o disminuir salarios. El debilitamiento empresario se manifiesta en el terreno de la negociación colectiva actual, ya que son frecuentes los casos en los que ante la amenaza de cierre, despidos o disminución de salarios, por parte de los empresarios, los representantes de los trabajadores apelan a la respuesta de "recuperar la empresa", siguiendo el ejemplo de las empresas recuperadas.

En el curso del estudio se realizaron entrevistas en 10 empresas recuperadas o "en vías de recuperación". Esas empresas son de pequeño tamaño, ya que la mayoría cuenta con menos de 50 trabajadores (el año entre paréntesis indica el de su recuperación):

• Brukman (2002). Sin definición de su forma jurídica. Confecciones. En Capital Federal. 52 empleados.
• Grisinópoli (2001/02). Cooperativa. Productos de panadería. En Capital Federal. 16 trabajadores.
• Chilavert (2002). Cooperativa. Imprenta. Capital Federal. 8 trabajadores.
• Vieytes-Ghelco (2002). Cooperativa. Insumos para heladerías. En Capital Federal. 45 trabajadores.
• 25 de mayo (2000). Cooperativa. Metalúrgica. En Gran Buenos Aires. 25 trabajadores.
• Metalúrgica Vicente Hermanos (2000). Cooperativa. Metalúrgica. 40 trabajadores.
• IMPA (1998). Cooperativa. Metalúrgica de aluminio y plásticos. En Capital Federal. 140 trabajadores.
• Pizzería Imperio (2002). Cooperativa en trámite. En Capital Federal. 33 trabajadores.
• Supermercado Tigre (2002). Cooperativa en trámite. En Capital Federal. Sin datos.
• Clínica La Portuguesa (2002). Asociación civil "en formación". En Capital Federal. Sin datos.

De estas empresas, la mayoría fue recuperada en el año actual, lo cual permite fechar su origen en el seno de la intensa movilización social emergente de la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. Una de esas empresas, la Pizzería Imperio, dejó de ser controlada por los trabajadores hacia fines de enero de 2003 (en el momento de redactar este informe). En cuanto a la clínica La Portuguesa aún no se ha reabierto, aunque sigue albergando grupos y organizaciones que pugnan por ponerla en funcionamiento.

En el origen de cada recuperación de empresa se localiza un conflicto entre los trabajadores y los propietarios o la dirección. Aquí pueden diferenciarse tres momentos o períodos del conflicto: la génesis, la toma o recuperación, el sendero de solución para reabrir o asegurar la continuidad de funcionamiento de la empresa.

La irregularidad en el pago de haberes constituye en casi todos los casos la primera señal de erosión del contrato y la génesis del conflicto. Estas irregularidades se manifiestan a través de diferentes modalidades que afectan el pago del salario de bolsillo: pagos con vales, pagos "a cuenta" del salario, que generan una deuda creciente, finalmente no saldada por los empleadores. No es raro encontrar recortes iniciales de beneficios sociales como tickets o cajas de alimentos, propuestas empresarias para inducir el retiro voluntario de los trabajadores, rebajas salariales "acordadas" con los trabajadores, la falta de pago de horas trabajadas extraordinarias. A veces estos incumplimientos fueron precedidos, o coexistieron, con despidos o suspensiones. La ruptura o erosión del contrato laboral que afecta la relación salarial, la regulación ordenadora mínima de la relación de trabajo, permite deslindar los conflictos que desembocan finalmente en una toma o recuperación de la empresa, de los conflictos previos suscitados por reestructuraciones o despidos, frecuentes en la historia de varias de las empresas analizadas, que habían sido canalizados hasta entonces por los mecanismos institucionalizados de regulación. Otro hecho recurrente en los casos analizados es la convocatoria de acreedores de la empresa en crisis, que opera como un toque de atención entre los trabajadores sobre la posibilidad de cierre y por lo tanto de la radicalización y cambio de sus expectativas dentro de la trayectoria del conflicto.

La sucesión de incumplimientos empresarios, que erosiona los contratos legales y tácitos de los trabajadores con la empresa e induce su precarización creciente, agudiza el conflicto hasta el punto de desencadenar la confrontación abierta. El lapso de tiempo que separa el inicio del conflicto de la confrontación abierta difiere según los casos, y en algunos de ellos se prolonga considerablemente. Entre los "hitos" específicos que llevan a la confrontación abierta pueden enumerarse situaciones de cese de pagos o pagos mínimos, la decisión patronal de cierre, el abandono de las instalaciones por los empresarios, las suspensiones de personal e intentos de vaciamientos tanto financieros como del capital fijo instalado. Se trata por lo general de una combinación de episodios que se suceden en un período muy breve de tiempo y que plantean un escenario en el que la empresa no garantiza ya la reproducción mínima de la fuerza de trabajo. En cada caso son los protagonistas quienes interpretan y definen este límite.

El reconocimiento de la necesidad de una autoorganización, de cara a la resolución del conflicto, constituye el aspecto saliente del cambio de comportamiento de los trabajadores en una trayectoria que hasta entonces había llevado a la degradación de sus condiciones de trabajo. A partir del consenso de continuar con las actividades de producción por parte de, al menos, un núcleo de trabajadores, el debate se focaliza en la forma legal que adoptará el colectivo de trabajo para la continuidad de la actividad de la empresa. Ésto demanda además cierta regularización de la condición jurídica de los trabajadores en un predio que no les es propio y del control de un capital fijo igualmente ajeno. Más allá de su situación legal, y como vía de acción estratégica para sostener la recuperación, se perfila con fuerza entre los trabajadores la necesidad de una acción política que los lleva a establecer alianzas con diversos actores sociales.

En el período previo a la toma o recuperación de la empresa, el conflicto tendía a dirimirse en los fueros laborales, donde los principales reclamos se centraban en las demandas de pago de salarios. A partir de la toma, los trabajadores apuntan menos al reclamo de los salarios caídos, que a cuestionar la legitimidad de la propiedad de los activos productivos, legalmente en manos aún de los dueños o de los responsables jurídicos de la quiebra. La irregularidad de la situación de los trabajadores tiende a centrar la disputa fundamentalmente en los fueros comercial y penal, como consecuencia de las denuncias patronales. De allí el rol fundamental que han jugado y el lugar que hoy tienen los respectivos abogados patrocinantes que, junto con algunos de los trabajadores de militancia más activa y otros referentes han debido jugar sus chances en los más diversos foros, legales, políticos (legislatura, poder ejecutivo), universidades e incluso los medios de comunicación.

A partir de la ocupación los trabajadores debieron afrontar diferentes situaciones: hay casos en los que la transición se llevó a cabo con un bajo nivel de conflictividad y otros en los que debieron resistir intentos de desalojo de la planta resultando varios de ellos procesados. En éstos últimos casos, la estrategia de publicitar el conflicto permitió a los trabajadores continuar con la ocupación a favor del apoyo de diversos sectores, asambleas barriales, vecinos, centros de jubilados, trabajadores de otras empresas recuperadas, organizaciones de desocupados, asociaciones de derechos humanos y militantes de partidos políticos, que en ocasiones jugaron un rol central en todo el proceso de recuperación. Este apoyo resulta decisivo en una fase en la que además de exteriorizar el conflicto, los trabajadores enfrentan necesidades imperiosas como las de lograr el restablecimiento de los servicios básicos como luz y agua, o la renegociación de deudas con acreedores, imprescindibles para la vuelta a la producción.

Lucha, resistencia y solidaridad son términos que parecen haber calado hondo en el vocabulario cotidiano de los trabajadores y, más allá del pensamiento y los comportamientos individuales, pueden avizorarse acciones que materializan esas expresiones. La lucha se vincula con el momento de la toma, vivenciada por la casi totalidad de los trabajadores que hoy forman parte de estas empresas. La resistencia es asociada al momento que siguió o que aún continúa para algunas de ellas. De todos modos, la precariedad de las soluciones alcanzadas, por lo general, entendidas casi como "una tregua por dos años", mantiene en vilo la idea de la resistencia y la añoranza de soluciones definitivas, de fondo. Mientras tanto, la solidaridad para con sus pares de otras empresas y la apertura a la comunidad pueden leerse de varias maneras: como una nueva concepción de la empresa que asume un nuevo compromiso social, atenta al rol clave de la comunidad en los conflictos más álgidos, o como estrategia de reaseguro y anclaje de la empresa en el tejido social a fin de obstaculizar la posibilidad futura de un desalojo. Estos significados siguen presentes en el discurso y acción de los referentes más visibles y de buena parte del colectivo de trabajadores de cada empresa.

Los sindicatos no tuvieron un comportamiento uniforme. Los sindicatos que ya habían protagonizado y alentado este tipo de experiencias ofrecieron una respuesta rápida y concreta de acompañamiento a los trabajadores; en los demás se encuentra sólo un caso de apoyo institucional explícito, el resto oscila entre la ambigüedad y el abandono a sus afiliados, perceptible en que pese a las reiterados incumplimientos del contrato por parte de los empresarios, no se registraron huelgas ni otras medidas colectivas que fueran impulsadas por los sindicatos.

Entre los casos estudiados, uno de los pocos sindicatos que exhibe un comportamiento altamente diferenciado es la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que estimuló la discusión, seguimiento y denuncia de los procesos de vaciamiento, cierre y despidos de los supermercados, promoviendo la práctica sindical en ellos. Este comportamiento fue inducido por la experiencia previa de los dirigentes locales más que por la práctica institucional del sindicato nacional del sector. Además, la mayoría de los trabajadores que participaron en la toma del Supermercado Tigre habían intervenido activamente en una ocupación que se realizó en el mismo lugar en la primera mitad de los ‘90. Para la Asociación de empleados de Comercio de Rosario, la toma constituyó parte de un proceso de lucha que venía llevando a cabo el sindicato junto a los trabajadores; la ocupación se decidió en asamblea y fue apoyada con movilizaciones, escraches y volanteos. Entre todos acordaron la realización de un proyecto de supermercado comunitario, fuertemente articulado con la sociedad.

Otro caso singular es el de IMPA, ya que al estar constituida como cooperativa el conflicto entre socios de la misma podría parecer ajeno a cualquier intervención del sindicato: aquí la recuperación de la fábrica consistió en el recambio de la conducción de la cooperativa. Sin embargo, la participación de militantes sindicales de la vertiente opositora de la conducción nacional de la UOM fue decisiva para lograr la recuperación. La línea disidente de la UOM nacional apoyó a los trabajadores de IMPA cuando estuvieron afuera de la fábrica; una vez lograda la normalización, parte de estos militantes sindicales pasaron a integrar la conducción de la cooperativa.

En casi todas las empresas había delegados sindicales, cuyas intervenciones consistieron básicamente en el acompañamiento a los trabajadores al Ministerio de Trabajo para realizar denuncias y reclamos salariales, y gestionar acuerdos con la patronal. Por lo general, estas gestiones no tuvieron resultados positivos: o los dueños no se presentaban a las conciliaciones en el Ministerio, o no cumplían los acuerdos a los que se comprometían. Sólo en algunos casos los delegados sindicales tuvieron un rol destacado en todo el proceso de recuperación. En la cooperativa 25 de mayo un ex integrante de la dirección de la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica, gestionó e impulsó el apoyo institucional del sindicato, participó junto a los trabajadores durante todo el proceso y actualmente es el presidente de la cooperativa. Debe tenerse en cuenta que la UOM Quilmes tiene una tradición en la recuperación de empresas que la ha diferenciado no sólo de la línea nacional de su sindicato sino también de la actitud de otros sindicatos. Otro caso donde se observó un rol sindical activo fue el de la Pizzería Imperio: cuando los trabajadores decidieron tomar el local, el Sindicato de Pasteleros acompañó a sus afiliados y les proveyó un abogado.

Tanto la Federación Gráfica Bonaerense en la recuperación de la Imprenta Chilavert, como el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido en Brukman y el Sindicato de la Alimentación en Grisinopoli, abandonaron a sus afiliados a su suerte y retiraron los abogados en el momento en que los trabajadores decidieron ocupar la planta respectiva. Los sindicatos se apartaron de estos conflictos pese a ser requeridos por sus representados, insistiendo en la vía institucional y tratando de disuadirlos de tomar la medida. En estos casos se observa claramente como los sindicatos reaccionan con conductas y respuestas aprendidas históricamente ante un contexto inédito: ante problemas nuevos proponen soluciones tradicionales. Es que la recuperación de empresas por parte de los trabajadores afecta las bases del sistema institucionalizado de relaciones de trabajo y supone una redefinición de identidades y roles. Frente a la desaparición de la figura empresaria y la transformación del trabajador en socio de una cooperativa, la mayoría de los sindicatos manifiestan cierta perplejidad e, incluso, sienten amenazada su propia existencia.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el sindicato es un referente directo para el acceso a los servicios, especialmente a la obra social, y son pocos los que cuentan con alguna militancia sindical. Aunque las situaciones vividas durante las tomas de los establecimientos posibilitaron que algunos trabajadores se replantearan su comportamiento colectivo, en la mayoría de ellos la identidad sindical sigue estando asociada con los servicios. En este sentido, la obra social es un punto crítico para los trabajadores y las soluciones alternativas que encuentran a la necesidad de contar con un servicio de salud son frágiles y transitorias.

Desde la perspectiva de los sindicatos, aún en los casos en que deciden reformular sus estrategias y redefinir su rol y la relación con sus afiliados, deben afrontar numerosos problemas. La conformación de varias organizaciones en el seno del movimiento de empresas recuperadas es un claro indicador de la ausencia de soluciones a esos problemas por parte de las conducciones nacionales de los sindicatos.

La sanción legal de la expropiación de la empresa a sus antiguos dueños y el cambio de su figura jurídica, constituyen dos requerimientos indispensables para sostener la autogestión de los trabajadores. La crisis institucional y económica estimuló, sobre todo a partir de diciembre de 2001, la intervención del Estado en favor de la continuidad de producción de las empresas en procesos judiciales de quiebra, paso previo al traspaso de su propiedad o posesión a los trabajadores.

Tanto en cuanto a los bienes muebles e intangibles, como máquinas, marcas, patentes y licencias, como en los inmuebles, las leyes vigentes establecen un plazo, generalmente de dos años, para la posesión temporaria hasta la expropiación definitiva. En la mayoría de los casos se otorga la posesión temporaria, lo que implica que la estabilidad lograda a través de la expropiación es limitada y precaria. De allí que el contexto sea fundamental: es como si los legisladores y funcionarios estatales se hubieran fijado un horizonte para resolver situaciones políticamente conflictivas, como las derivadas de la contraposición del derecho de propiedad con la fuerza colectiva de los trabajadores.

El cambio de la figura legal resulta conveniente para los trabajadores debido a que mantener la establecida por los empleadores, trátese de una sociedad anónima o cualquier otra forma comercial, supone la continuidad de los compromisos asumidos por los antiguos dueños y, por lo tanto, los trabajadores deberían hacerse cargo de las deudas contraídas por sus ex patrones. De allí que en el marco jurídico actual, formar una cooperativa de trabajo y pedir la expropiación en el órgano legislativo correspondiente, parecería el mecanismo más simple para los trabajadores. Durante la transición, una modalidad practicada en las experiencias más recientes es negociar un contrato de alquiler ante el juez, si la empresa está concursada o quebrada, o directamente un acuerdo con los empresarios.

La adopción de la figura de cooperativa de trabajo tiene ventajas diversas: no paga impuesto a las ganancias, tampoco las deudas anteriores de la empresa que motivaron la convocatoria de acreedores, ni se deriva parte del excedente para remunerar cargos gerenciales. Entre las desventajas se menciona la posibilidad de fraudes asociadas históricamente en Argentina a esa figura: derivar los "servicios de trabajo" a cooperativas de trabajo, permite a los empresarios evadir el costo de las cargas sociales que debieran pagar de mantenerse la figura de trabajador asalariado.

El futuro de estas experiencias es incierto, por eso un número considerable de sujetos sociales está trabajando para asegurar la continuidad de las empresas "recuperadas" en distintos ámbitos. Como la legislación estipula que para realizar una expropiación debe hacerse una ley particular, se han presentado proyectos de Ley Marco en búsqueda de soluciones globales. En el ámbito nacional, en la Cámara de Diputados, están en discusión cinco proyectos de ley al respecto. En estos proyectos se otorgan garantías diversas para legalizar las "tomas" ante incumplimientos salariales de los empresarios, eliminando la figura de "usurpación" que rige actualmente, evitar el fraude y la venta clandestina de activos ("vaciamiento") por parte de los empresarios, la declaración de la utilidad pública de las unidades productivas gestionadas por los trabajadores, facilidades impositivas y reducciones en tarifas de servicios para las cooperativas y PYMES en situación de vulnerabilidad y deudas acumuladas, la posibilidad de establecer fondos fiduciarios para sostener este tipo de experiencias productivas.

Otro tema de discusión es la posibilidad de establecer nuevas formas legales, como la "Sociedad Laboral" originada en el derecho español, que constituye un híbrido entre sociedad anónima y cooperativa, ya que admite socios que participen a través del aporte de capital.

La provisión de insumos constituye un aspecto crítico de la gestión de los trabajadores luego de la recuperación. Para enfrentarlo desarrollaron diferentes acuerdos con clientes y proveedores que posibilitaron retomar el ciclo productivo, y que los convierten en aliados y principales fuentes de financiación para el funcionamiento y puesta en marcha de la producción. En general estos acuerdos trascienden el carácter puramente comercial de los intercambios, y muchos de ellos presentan una fuerte base solidaria; incluso en los casos en que los proveedores enfrentaron la falta de pago de las deudas contraídas por los dueños anteriores, se mantuvieron como proveedores de las nuevas empresas. Los clientes también han tenido problemas a raíz de no poder adquirir los productos y aún así mantienen sus vínculos con los trabajadores y aceptan nuevas condiciones comerciales proveyendo la materia prima necesaria para la producción u otorgando adelantos significativos para proveer insumos. Uno de los puntos de partida clave para estos emprendimientos es salir a recuperar los clientes, objetivo que se plantea como un paso estratégico para recomenzar con el proceso productivo y la comercialización.

El pago en negro de mercadería y la venta sin factura ni registro contable alguno son característicos de las empresas recuperadas; en su mayoría, las transacciones e intercambios con clientes y proveedores se dan "en negro", a favor de la tendencia a la informalización de la economía en el crítico contexto actual. Sólo en casos particulares el intercambio se mantiene dentro de los arreglos económicos formales, por la exigencia de clientes claves de cumplir con las normas impositivas para adquirir sus productos.

La necesidad de contar con un capital de trabajo para solventar los gastos de sus actividades, tanto de resistencia y lucha como productivas, derivó en la implementación de métodos no tradicionales de financiación. En algunos casos las asambleas, otras cooperativas o partidos políticos contribuyeron con una suma inicial (en forma de préstamo o donación) para la puesta en marcha de la producción, ya sea para el pago de servicios o insumos. La implementación de un bono contribución o fondo solidario constituye una fuente complementaria de dinero para la compra de materia prima; aunque este fondo fue concebido en su origen como una fuente de manutención de los trabajadores durante el conflicto, luego se transformó en un medio para adquirir insumos. Algunas empresas realizan eventos –por ejemplo, festivales– en donde se vende mercadería o comida y las ganancias obtenidas contribuyen al fondo. El reciclaje de material de descarte o materia prima que los trabajadores lograron incluir en el inventario de expropiación de la empresa, conforman una fuente adicional de financiación. Aquí pueden mencionarse entre otros la venta de grisines rotos molidos, baldes vacíos, cajas de cartón, recortes de papel, etc.

Todas estas empresas se encuentran trabajando en un nivel muy inferior al de su capacidad instalada. Los motivos principales que pudimos identificar fueron: escasez de insumos, mano de obra insuficiente, falta de captación de la totalidad del mercado al que podrían ofrecer sus productos, lento proceso de recuperación de clientes. Frente a estas restricciones, existe una tendencia de "producir al día", una especie de primitivo "just in time" para evitar el sobre-estoqueo y asegurar la colocación de toda la producción antes de continuar produciendo. O a la inversa, no se produce hasta no tener un pedido específico con un adelanto para materia prima. Esta lógica de funcionamiento limita el grado de utilización de la capacidad instalada.

En cuanto a las necesidades de personal y de incorporación de nuevos trabajadores ante un eventual aumento de las demandas de mercado, se complican por las dificultades de pago. En las cooperativas, la incorporación de nuevos socios repercute sobre el reparto del excedente: como casi todo el dinero obtenido se utiliza para mantener la producción, los retiros son mínimos y sólo proveen un ingreso básico de supervivencia. Además, en algunos casos el proyecto de recuperación de la fábrica es percibido por los trabajadores como una posibilidad de dejar en herencia a sus hijos un lugar de trabajo futuro: la incorporación de las generaciones siguientes podría ser una forma de incorporar mano de obra frente a un crecimiento del emprendimiento. Sin embargo, esto no constituye por ahora una prioridad salvo cuando frena la capacidad de respuesta a la demanda.

La falta de capital es un problema constante en estas empresas y restringe cualquier intento de modernización de maquinarias e instalaciones, de allí que por el momento la incorporación de nuevas tecnologías no aparece como una de las principales preocupaciones. Éstas se concentran en la subutilización de la capacidad instalada y en problemas más inmediatos vinculados con los insumos, la figura legal, la comercialización, etc. Los planteos sobre tecnología se piensan a futuro, tratando de considerar formas de invertir para enfrentar el inevitable desgaste o ruptura de las máquinas. Sin embargo, a pesar de la falta de recursos para invertir en nueva tecnología, en algunos casos se produjeron innovaciones de proceso importantes que ampliaron la gama de productos ofrecidos y en otros redujeron los costos de producción o de materias primas.

El proceso de sustitución de los salarios por vales pulverizó la estructura salarial existente en las empresas antes de su recuperación. Este sistema difería el pago del salario en cuotas semanales o diarias y reducía de hecho los ingresos, a través de la acumulación de deuda con los trabajadores. De esta manera se fue imponiendo una nueva modalidad de pago: con periodicidad semanal o diaria, de montos mínimos y variables con una clara tendencia a la baja. La tradicional estructura salarial fue desdibujada por estas prácticas empresarias y el salario fijo mensual había dejado de ser una realidad por decisión unilateral de la patronal. Esta situación previa a la recuperación facilitó la adaptación a los mecanismos de remuneración puestos en práctica en las nuevas organizaciones: los trabajadores adoptan retiros semanales, de monto variable, sujeto a los resultados. En el nuevo contexto, los retiros flexibles constituyen una herramienta de los trabajadores para asegurar la viabilidad del emprendimiento y conservar las fuentes de trabajo.

En todas las empresas estudiadas los ingresos son iguales para todos los trabajadores, independientemente del puesto en el que se desempeñan. En parte esta forma de distribución es elegida por los trabajadores, pero también es fruto de la adopción de las prácticas distributivas del cooperativismo. Este igualitarismo de los ingresos prevalece aún en las empresas que legalmente no están conformadas como cooperativas o que no se definen a favor de un proyecto cooperativo. Pero en algunas empresas está instalada la discusión sobre la justicia de la igualdad de retiros; algunos consideran que los que ejercen ciertos cargos de mayor calificación deberían cobrar algo más que los demás, pero en los hechos se mantienen los retiros por igual para todos. En síntesis, se rompe la estructura salarial previa para dar paso a estructuras chatas, el "salario" se convierte en "retiro", los montos se flexibilizan, los trabajadores se reparten de manera igualitaria el excedente obtenido. Se produce así una "nivelación" de los ingresos de los trabajadores.

En cuanto a la organización de la producción, si bien en general los trabajadores conservan sus puestos, también deben asumir nuevos roles y un perfil más flexible y polivalente. La mayoría de las tareas que necesitan ser cubiertas son las administrativas, dado que en general quedaron pocos empleados luego de la toma; estas tareas son las que mayores desafíos plantean, dado que es el sector con el que menor contacto tenía la gente de planta que ahora gestiona la empresa. La flexibilidad y adaptación al cambio se presentan como necesarios: los trabajadores son concientes de la importancia de cubrir o rotar los puestos de producción. No hay monopolio de tareas y hay una fuerte tendencia hacia la polivalencia. Sin embargo, esta flexibilidad no sólo responde al deseo de sacar adelante el proyecto, sino que se pueden entrever otras preocupaciones individuales que llevan a aceptar este cambio de condiciones de trabajo. Algunos trabajadores consideran que dada su edad y formación no encontrarían un trabajo fuera de la fábrica; por eso consideran que deben adaptarse al contexto interno, que requiere otros trabajos o tareas, para no tener que enfrentar un contexto externo con mayores exigencias y menores posibilidades. Otros adoptan roles más típicos de una militancia e incluyen en su día de trabajo otras tareas como repartir folletos, ir a la legislatura, participar de una marcha o asistir a una mesa redonda en la universidad. Esto implica que el nivel de involucramiento con la causa de la toma no es parejo entre los trabajadores: hay quienes sólo trabajan y hay quienes además hacen de la toma una militancia incorporándola a su rutina laboral.

En la organización general del trabajo se destaca la adopción de sistemas originales con el fin de cubrir las particularidades que presenta cada empresa, entre las que pueden mencionarse:

• Formación de comisiones semejantes a las que se pueden dar en un partido político, lo que podría llamarse "organización política del trabajo". Allí se tratan los diferentes asuntos a resolver sobre los aspectos productivos, de venta, etc., mediante prácticas asamblearias.
• Redefinición de los espacios físicos y sociales. En primer lugar se eliminan las restricciones de ingreso a los distintos sectores, prohibición que regía durante la administración anterior. También se registran cambios de lay out, redistribuyendo la maquinaria con fines de ahorro y de coordinación de la producción. Por otro lado se modifican espacios tradicionales de trabajo para asignarlo a funciones que responden a la situación de toma, fijando espacios para dormir, comer, vigilar. Y finalmente se asignan nuevos espacios para la vinculación con los aliados sociales y políticos de la recuperación. En varias empresas se formaron centros culturales, en una de ellas incluso se facilitó la instalación de un Club de Trueque dentro del predio fabril. Esto constituye una herramienta de articulación que fortalece los vínculos solidarios con otros sectores sociales, al tiempo que coloca una barrera contra la posibilidad de desalojo o ejecución del predio por parte de entidades financieras o acreedores.
• Incorporación de nuevas formas de control inverso, "de abajo hacia arriba", de la gestión. En uno de los casos estudiados se eligió por votación un síndico obrero, con el fin de evitar nuevas gestiones fraudulentas de los responsables de la administración.
• Sustitución de la regla de control-supervisión correspondiente a la vieja forma de organización del trabajo, por una nueva regla de coordinación-apoyo en el proceso productivo y de gestión. Aunque en algunos casos los trabajadores identifican a algunos como jefes, denotando la persistencia de criterios jerárquicos en la organización, la fuente de la autoridad asignada a los puestos es inversa a la que prevalecía antes.
• Adopción de la asamblea como espacio de discusión y toma de decisiones. En parte la figura cooperativa lo sugiere, pero también surge como resultado del proceso de crecimiento del grupo de trabajadores que tuvo que coordinarse para llevar adelante la recuperación de la empresa. Sin embargo, en algunos casos las decisiones no siempre resultan de las votaciones en plenarios sino que las decisiones son tomadas por un grupo y el resto de los trabajadores acompaña y se limita a ser informado.

Algunos de los cambios organizativos se plantean como una búsqueda de mayor transparencia de la gestión, de socialización de la información y de generación de mecanismos de mayor exposición de los cargos de dirección al control de los trabajadores. Éstos buscan romper con las relaciones de dominio y subordinación que prevalecían en la antigua organización del trabajo, generando formas cooperativas de gestión. Estos nuevos modelos organizativos surgen en parte de la necesidad de cubrir los puestos de los trabajadores desplazados durante el conflicto, otros de la necesidad de evitar la repetición de la historia de malas gestiones, falta de información o fraude. La incorporación de modelos organizativos de otro tipo de instituciones, como los partidos políticos, son adoptados como nuevas soluciones a los problemas planteados. En fin, los trabajadores que eligieron la autogestión enfrentan el desafío de explorar la gama de herramientas que brinda la organización del trabajo cooperativo.

¿Existe una nueva identidad que se está construyendo en los procesos de recuperación de empresas? La mayoría de quienes están llevando adelante la reapertura de empresas son obreros, acompañados en algunos casos por personal administrativo o de seguridad. Esto aparece claramente en el discurso de los entrevistados que continúan definiéndose principalmente como obreros en tanto oposición a la patronal, y manifiestan un claro reconocimiento de la capacidad de los trabajadores de revertir un proceso de cierre y gestionar una empresa.

Un factor importante para sostener esta identidad es la participación relevante de trabajadores con cierta trayectoria sindical o asociativa, que en algunos casos están directamente involucrados en los procesos y que en otros pueden ocupar un rol de apoyo y sostén fundamental. Sin embargo se observa una clara diferenciación en el nivel de compromiso entre quienes siguen sintiéndose insertos en la antigua organización del trabajo y persisten en actitudes frente a la producción que se arrastran del momento previo a la recuperación, y quienes modificaron su inserción y participan más activamente tanto en las cuestiones de la gestión en la empresa, como en la integración a un movimiento que trasciende el lugar de trabajo.

El proceso de apropiación del espacio de la empresa juega un rol central. Esta apropiación trasciende el ámbito productivo y se extiende también a los comedores, oficinas, salas de reunión, etc., espacios que antes eran ocupados exclusivamente por la patronal o por el personal jerárquico, y a los que los trabajadores no tenían acceso. Estos son los sitios donde ahora se desarrollan asambleas, reuniones con otras organizaciones e incluso se convierten en espacios abiertos a la comunidad. Precisamente uno de los cambios positivos rescatados por los trabajadores reside en su mayor movilidad entre los distintos sectores: pueden desplazarse dentro de la planta sin sentirse obligados a permanecer ni en puestos ni en espacios fijos. Esta movilidad es valorada por los entrevistados que encuentran, a partir de la recuperación, mayor libertad en la toma de decisiones, en la asignación de los tiempos de producción y en las posibilidades de relación con sus compañeros.

La mayor movilidad remite también a una serie de preocupaciones que van desde la "necesidad" de encontrar herramientas "de control" del trabajo, para lo cual se recurre en muchos casos a las modalidades de organización anteriores, hasta la inquietud por el involucramiento en la toma de decisiones. En este punto la reflexión sobre la condición de miembro de la cooperativa –la forma jurídica adoptada en la mayoría de los casos– adquiere una importancia llamativa. Al respecto, algunos de los entrevistados hacen referencia a la necesidad de llevar adelante una "educación cooperativa" que permita generar un mayor involucramiento por parte de todos los socios.

La relación obrero-patrón es resignificada. En las empresas estudiadas prevalecía una relación de cooperación dentro de un molde paternalista. En la resignificación de este vínculo juega un rol central la sensación de abandono de los trabajadores, que vivieron como una defraudación la conducta de sus anteriores patrones. La relación "familiar" que antes se establecía con la patronal a través del vínculo paternalista, va siendo sustituida a partir de la recuperación por una relación "familiar" entre los trabajadores que participaron del proceso. Estas relaciones no sólo fueron transformadas en la cotidianeidad del espacio de trabajo, sino que además el proceso de recuperación abarcó un período más o menos extenso de vigilia compartido colectivamente, que posibilitó establecer vínculos muy fuertes entre los trabajadores.

Una cuestión central es la desaparición de las diferencias salariales. Como mencionamos anteriormente, en las cooperativas el salario no existe como tal, ya que es sustituido por "retiros del excedente" luego de efectuados los pagos a proveedores y servicios. Algunos trabajadores ven este cambio como una situación de tensión en la que se expresan reparos contra la igualdad de remuneraciones.

Por último, el peso simbólico de la recuperación en si misma tiene una doble dimensión: la de la empresa y la del puesto de trabajo. La primera significa recuperar la fuente de trabajo, por lo que su impacto se establece sobre la sociedad en su conjunto y, en este sentido, trasciende la individualidad de los trabajadores involucrados orientándolos hacia la construcción de un nuevo sujeto colectivo. En cuanto a la recuperación del puesto de trabajo tiene un impacto directo en la subjetividad de quien la lleva adelante, en tanto individuo capaz de encarnar dicho proceso, de torcer un destino que parecía inevitable: el de la desocupación. Es por esto que a pesar de lo reciente del fenómeno y de la dificultad de establecer su impacto en la construcción de las "nuevas" identidades de los trabajadores, la recuperación de empresas significa sin duda un quiebre cultural y la posibilidad de identificar elementos vinculados con procesos de construcción colectiva.